La suspendida presidenta brasileña Dilma Rousseff habría pedido al empresario Marcelo Odebrecht –condenado por la trama de corrupción en Petrobras- un aporte de US$3.4 millones para la contabilidad paralela de su campaña a la reelección en 2014, publicó la prensa local.

 El expresidente ejecutivo del grupo Odebrecht confesó a la justicia, en el marco de un acuerdo para colaborar con la investigación del caso Petrobras, que en una reunión privada Rousseff le pidió 12 millones de reales (unos US$3.4 millones al cambio actual) para traspasar a su publicista Joao Santana y al partido PMDB, entonces su aliado, según un reportaje de la revista Istoé.

De manera oficial el grupo –el mayor de construcción e ingeniería en Brasil y América Latina– ya había donado 14 millones de reales, señaló la publicación.

El encuentro entre Rousseff y el empresario habría ocurrido en octubre de 2014, después de la primera vuelta de la elección presidencial.
 

Marcelo Odebrecht está preso desde hace un año y en marzo fue condenado a casi 20 años de cárcel por su participación en el caso Petrobras, una trama corrupta entre políticos y empresarios que costó más de $2 mil millones a la empresa estatal.

Junto a otras grandes compañías brasileñas Odebrecht está acusada de formar un cartel para amañar contratos con la petrolera a través del pago de sobornos a altos jefes de Petrobras y a políticos, en un caso que tiene contra las cuerdas a buena parte de la élite política y empresarial local.

La revista Veja publicó, de su lado, que la mandataria está en “el blanco” de las revelaciones que Marcelo Odebrecht realizará a la justicia en el acuerdo de “delación premiada” que selló a fines de mayo para obtener beneficios ante la justicia, un mecanismo al que han recurrido muchos de los acusados a cambio de una reducción de sus sentencias.

Según Veja, atribuyendo la información al empresario, la reelección de Rousseff fue financiada con dinero depositado en cuentas en el exterior y no declarado a las autoridades electorales.

En una nota en las redes sociales criticando “las nuevas calumnias de la prensa”, Rousseff reaccionó insistiendo en que “jamás intercedió personalmente junto a ninguna persona o empresario buscando beneficios financieros para sí u otra persona”.

La mandataria izquierdista anunció además que “tomará las medidas judiciales oportunas”.
Aunque la fiscalía pidió investigar a Rousseff por obstrucción a la justicia, sobre ella no recae ninguna acusación de corrupción o de enriquecimiento personal con el escándalo de Petrobras.

Este caso, sin precedentes en Brasil, contribuyó a profundizar la crisis política que derivó el 12 de mayo pasado en la suspensión de la presidenta para ser sometida a un juicio político en el Congreso por maquillaje de las cuentas públicas. En su lugar asumió el hasta entonces vicepresidente Michel Temer, del centrista PMDB, a quien Rousseff ha calificado insistentemente de “golpista”.