Eddy Olivares Ortega, miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), le propuso al pleno de ese organismo que recurra la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que suspendió la resolución que redistribuye las diputaciones del Distrito Nacional y las provincias, en virtud del último censo poblacional.

“La JCE no defendió su resolución con la responsabilidad que debió hacerlo y, por el contrario, acogió complacidamente la sentencia inconstitucional del Tribunal Superior Administrativo”, reclamó Olivares en una carta enviada al pleno, a través del presidente del organismo, Roberto Rosario. También consideró que, de no elevar el correspondiente recurso contra la “desafortunada sentencia del TSA”, se podría entender que la JCE ha actuado a favor de la suspensión de su propia resolución.

Por tanto, propuso que, “motivado en la trascendencia que tiene la referida decisión para la objetividad de las próximas elecciones y la institucionalidad de la democracia, tal y como se ha hecho en otros casos, sean contratados abogados especializados en la materia para representar al organismo en la defensa de la vigencia de la resolución”.
En julio del año pasado, el órgano rector de las elecciones emitió la resolución 06/2015, que replantea la cantidad de diputados que debe tener cada demarcación, en virtud de su población y con base en el censo de 2010, bajo protesta de los partidos políticos.
Pero este año el TSA, ante una medida cautelar, suspendió dicha resolución y fijó la discusión del fonto para luego de las elecciones de mayo, lo que Olivares considera absurdo. En la carta enviada al presidente del organismo, Olivares consideró que el pleno cumplía con el mandato del artículo 81 de la Constitución, que ordena distribuir los escaños correspondientes al Distrito Nacional y las provincias, sobre la base de la densidad poblacional. Resalta que la JCE aplicó las estadísticas oficiales correspondientes al censo.
“Nuestro órgano tiene, en virtud del artículo 212, facultad reglamentaria constitucional en los asuntos de su competencia, por lo que la legalidad de la resolución es incontrovertible”, insistió.

Criticó que, “como medio para impedir su aplicación en las elecciones del 15 de mayo del 2016, se utilizó como ardid una medida cautelar de suspensión de la resolución y, en consecuencia, de la aplicación del artículo 81 de la Constitución, que fue acogida complaciente y deliberadamente por la presidencia del TSA, para luego de las elecciones, cuando ya carezca de objeto fallar a favor de la JCE y los que intervinieron voluntariamente a favor de la resolución”.

Podría suceder
El magistrado planteó como ejemplo que con esta suspensión por sentencia se sienta un precedente que permitiría que mediante este tipo de medida cautelar se suspenda, por ejemplo, la aplicación del artículo 124 de la Constitución del 2015, que restableció la reelección presidencial consecutiva, para que sea aplicada a partir de las elecciones presidenciales de 2020

Un daño a la institución
“Cuando se produzca el fallo de fondo sobre la resolución de la Junta, que con toda seguridad será a su favor, ya el daño a la institucionalidad se habrá producido, la Constitución habrá sido suspendida por la sentencia del TSA, y los representantes (habrán sido) escogidos mediante una distribución de escaños inconstitucional”, subrayó Olivares, quien considera la acción como “un precedente funesto para la propia JCE”.
Citó como ejemplo que la provincia Santo Domingo tendrá ocho diputados menos de los que le corresponden.