Seis excandidatos a la Presidencia del país afirmaron ayer que contrariamente a la opinión del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, las elecciones del pasado 15 de mayo “fueron una de las más corruptas” y “peor organizadas que recuerde la historia democrática de la nación”.

“Rechazamos de manera categórica que las elecciones presidenciales, congresuales y municipales celebradas en el país el 15 de mayo hayan sido libres, limpias, competitivas y transparentes, sino, muy por el contrario, una de las elecciones más corruptas y peor organizadas que recuerde la historia democrática de la nación”, aseguraron los exaspirantes.

En la rueda de prensa participaron Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno; Guillermo Moreno, de Alianza País; Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Social Demócrata;  Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista; Minou Tavárez Mirabal, que fue candidata por la Alianza por la Democracia, y Soraya Aquino por el Partido de Unidad Nacional.

El grupo aseguró que el presidente Danilo Medina, quien logró la reelección con un 61 % de la preferencia electoral, “usó y abusó de los recursos del Estado dominicano sin que la JCE, órgano rector del proceso electoral, hiciera uso del artículo 212 de la Constitución, que la faculta para tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la equidad y los valores democráticos en un proceso electoral”.

“El hecho de que la JCE no asumiera sus responsabilidades permitió que los colegios electorales y sus alrededores se convirtieran en mercados de compra y venta de cédulas y votos y se ejerciera presión sobre los delegados de la oposición”, respondieron en un documento.

Opinaron que el discurso que pronunció la semana pasada el presidente de la JCE para defender el proceso electoral “lejos de ofrecer explicaciones de orden institucional orientadas a disipar las graves dudas que han afectado las elecciones recién transcurridas, estuvo matizado por preocupaciones e interpretaciones de orden personal que, en los hechos, aportan nuevos y decisivos elementos de prueba para ilegitimar el proceso electoral en curso”.

“En vez de asumir un rol institucional, como era su deber, el presidente de la JCE se parcializó de manera ostensible con el partido de gobierno intentando justificar de manera infructuosa su incapacidad para organizar un proceso electoral diáfano, ordenado, transparente y legítimo”, subrayaron.