Los candidatos presidenciales de las pasadas elecciones del 15 de mayo hicieron un llamado al pueblo dominicano para que se una alrededor de una reforma democrática integral que incluya la elección de la nueva Junta Central Electoral (JCE) y un nuevo Tribunal Superior Electoral (TSE) independientes e imparciales, que no estén al servicio de los partidos políticos y cuyos integrantes sean escogidos en razón de su probidad, objetividad y capacidad profesional, y sin vínculos partidarios conocidos.

Señalaron que los órganos electorales llamados a organizar los comicios y a dirimir los conflictos en la materia no pueden seguir “estando al servicio de un partido político, en franco abuso a los principios democráticos más elementales”.

La declaración está suscrita por los excandidatos presidenciales Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Guillermo Moreno, de Alianza País; Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristianó; Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP); Minou Tavárez Mirabal, del Alianza por la Democracia (APD), y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional (PUN), además de los principales directivos de los partidos Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano y Reformista Social Cristiano.

Los candidatos y partidos exigen la aprobación de una nueva ley electoral que prohíba el uso y abuso de las funciones públicas y de los recursos del Estado con fines político-electorales.

“Las reglas de juego vigentes no aseguran ni ofrecen garantías de una participación justa en el plano político. Nuestro país requiere un sistema electoral con sanciones claras y ejemplarizadoras contra quienes idean, organizan y ejecutan delitos electorales. Las reglas inequitativas deben ser superadas de una vez y por todas, si se quiere asegurar la celebración de elecciones democráticas en 2020, la paz social y la gobernabilidad democrática en el país”, externaron, mediante un comunicado de prensa.

Entre las reformas exigidas incluyen la aprobación de una ley de partidos que garantice la democracia, la transparencia sobre el origen y el uso de todos los recursos públicos y privados que reciben los partidos, la equidad de género, así como la equidad en cuanto al uso de los medios de comunicación y los espacios públicos, entre otros aspectos fundamentales.

Advirtieron que no aceptarán una ley de partidos carente de contenidos reales, cuyo objetivo primordial sea su uso propagandístico.

“Ante el colapso del sistema electoral, la pérdida generalizada de confianza y el progresivo derrumbe de la institucionalidad, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y prácticamente todas las instituciones más representativas del sector empresarial han asumido la denuncia que habíamos venido formulando, insistiendo en la necesidad de restaurar la confianza como prerrequisito para el mantenimiento de la gobernabilidad democrática en nuestro país”, destaca el comunicado.