El Observatorio del Sistema Judicial Dominicano (OSJD) elevará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Reforma Policial, promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado viernes, anunció hoy el presidente de la entidad, César Amadeo Peralta.

El abogado manifestó que la acción legal será depositada en los próximos días con el objetivo de dejar sin efecto "la mal llamada reforma policial", ya que "contiene vicios de inconstitucionalidad y, lejos de mejorar a la Policía Nacional, su aplicación empeorará el funcionamiento de la institución del orden."

"Está Ley sólo hace cambios de forma y no de fondo a la Policía Nacional, incluso reduce derechos fundamentales a los uniformados, lo que la convierte en una ley inconstitucional" precisó Amadeo Peralta.

Entre los vicios de inconstitucionalidad que tiene la nueva normativa se encuentra la prohibición de que los agentes graduados de universidades o institutos ejerzan su profesión.

Aunque la reforma establece que los uniformados tienen derecho a vacaciones, en la práctica sería difícil que la mayoría de los policías puedan obtener ese beneficio, ya que la ley pone como requisito que sea previamente aprobada por el Director General de la Institución.

El presidente del Observatorio Del Sistema Judicial Dominicano dijo que otro aspecto de la Ley que riñe con la constitución es que crea una jurisdicción privilegiada para cuando un ciudadano quiera hacer una denuncia contra un oficial.

El Tribunal Administrativo será el competente para conocer esa demanda cuando la propia constitución prohíbe la creación de privilegios.

Dentro de las injusticias que, a su juicio, contiene la nueva Ley se encuentra la facilidad con la que un agente puede ser cancelado, hasta porque preste cualquier tipo de servicio en su tiempo libre, y calificó de inhumano que no establezca un horario de trabajo para los agentes policiales.

Agregó que la ley de reforma policial está condenada al flaco porque no contempla mejorar la calidad de vida de los policías, no sólo en el aspecto salarial, sino también en salud, educación y viviendas dignas.