El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) es partidario de que se celebren de debates entre los aspirantes a la Presidencia de la República, actividad que conviene tanto a los candidatos como a la población, a fin de poder expresar unos, y escuchar los otros, los programas de gobierno.

Así se pone de manifiesto en su informe mensual sobre el proceso electoral en el país, donde se incide en la necesidad de hacer un debate con todos los candidatos y no solo con los que tengan mejor posicionamiento en las encuestas.

Para el coordinador general de PC, Cándido Mercedes, es "antidemocrático" que un candidato se resista a acudir a un debate electoral el pleno siglo XXI, puesto que "si usted es demócrata tiene que ir", independientemente de si le favorecen las encuestas frente a sus adversarios, opinó durante la presentación del estudio.

"Es muy cómodo leer un documento mío como comunicado o un teleprompter", ya que de ese modo el adversario político no puede dar argumentos en contra, opinó.

Además, recordó a los funcionarios que están en campaña que deben tomar una licencia porque, de lo contrario, incurrirían en una violación de la Ley de Función Pública y de varios artículos de la Constitución dominicana.

En este sentido, informó de que la entidad que coordina va a remitir una carta a la Junta Central Electoral (JCE) para que el presidente, Danilo Medina, no haga ninguna clase de propaganda política durante los actos e inauguraciones de obras del Estado, "puesto que esto vulnera la competencia electoral y eso no entra en el campo ético de la política".

En el plano de la financiación, la entidad cree que con el inicio formal de la campaña electoral la JCE debe asumir plenamente la responsabilidad que le otorga el Artículo 211 de la Constitución de "garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones".

El párrafo IV del Artículo 212 dispone que la JCE "velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento".

"En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación", recuerda el informe de PC, que critica que la mayoría de las formaciones se niegan a proporcionar información, o retrasan su difusión, sobre el uso que dan a los recursos que reciben del Estado para financiar sus campañas.

Esto supone una violación de la Ley No. 200-04 que establece la obligación de rendir cuentas a todo el que recibe fondos del Presupuesto Nacional.

El PLD es el único partido que aparece entre los mayores diez anunciantes en los medios de comunicación, señala la organización, que también hizo un seguimiento de la propaganda en vallas de calles y carreteras, y concluyó que el 44 por ciento son de esta formación mientras que un 26 por ciento corresponde a dos partidos aliados, lo que suma el 70 por ciento.

Asimismo, el informe señala el beneficio que supone para el PLD, como partido, la publicidad contratada por el mayor anunciante del país, el gobierno, que el año pasado gastó en ese renglón más de diez millones de pesos por día.

En el documento, la entidad también criticó la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de rechazar la redistribución de diputados por densidad demográfica que ordenó la Junta Central Electoral (JCE), acción que fue recurrida por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el alto tribunal.