El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana instó al ministerio público a cumplir con su responsabilidad de investigar, identificar y acusar a los autores y cómplices responsables de los delitos de sobrevaloración y soborno a funcionarios del Estado, por la compra de los aviones Supe Tucano.

La entidad recordó, en un comunicado, que desde el año 2007 se denunció que los montos de compra eran muy elevados en vista de que los ocho aviones adquiridos carecían de capacidad de vuelo nocturno por falta de los equipos de navegación y de artillería.

Esos mismos aviones, adquiridos por el gobierno de Colombia fueron vendidos por un precio significativamente menor.

Después de nueve años, la empresa Embraer admitió el soborno y falseo de datos en los contratos a funcionarios en India, así como soborno a funcionarios de Arabia Saudí, República Dominicana y Mozambique, para beneficiarse con la compra de sus aviones.

En República Dominicana, incrementaron los valores del contrato para desembolsar, conjuntamente con el precio, los pagos a funcionarios con influencias en las compras militares y en la aprobación del contrato en el Congreso Nacional.

Dicho reconocimiento fue admitido frente a las investigaciones realizadas desde 2010 por la Agencia Reguladora del Mercado de Valores y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La empresa, que tiene acciones colocadas en la bolsa de valores de Nueva York cuyos pagos de soborno pasaron por el sistema financiero de Estados Unidos, acordó pagar 205 millones de dólares a Estados Unidos y Brasil para cerrar el caso.

Asimismo, convino el abono de 107 millones en penalidad por esas acciones, y 98 millones en multas y compensaciones por las ganancias producto de prácticas corruptas a la Agencia Reguladora del Mercado de Valores estadounidense, según notas de prensa oficiales del Departamento de Justicia y cobertura de los diferentes medios de comunicación.

En el caso de la República Dominicana, el ministerio público debe asumir un compromiso efectivo y perseguir los actos de corrupción frente a los opositores estatales y militantes partidarios, que son los que dentro y fuera del Estado defienden y se benefician del crimen organizado.

El modus operandi de los autores y cómplices constituye una red criminal estructurada, sustentada por los compromisos silenciosos o de conveniencias para el ejercicio del poder, incentivados por la política clientelar que impide el ejercicio de la independencia funcional del ministerio público y la imparcialidad del juez.

Participación Ciudadana insta a los medios de comunicación y a la sociedad en general a mantenerse vigilantes para que esta acción criminal no permanezca impune, que no sólo se acusen a facilitadores y proveedores por la materialización del soborno y recepción de los montos acordados, sino a todos los involucrados fuera y dentro de la red criminal.

Todos ellos forman parte del sistema político oculto, que gobierna en los países donde predomina la corrupción y el crimen organizado, apunta la organización.