El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) pidió ayer al nuevo ministro de Educación, Andrés Navarro, dejar sin efecto los “aumentos ilegales” aplicados por los colegios privados para el presente año escolar.

De acuerdo con el secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, los colegios “actúan como chivos sin ley, subiendo las tarifas, estableciendo otros pagos, cambiando los textos y muchas otras cosas ante la mirada indiferente de las autoridades”.

“El nuevo ministro debe anular los aumentos ilegales hechos para el presente año escolar”, sostuvo.
Según Genao, estos incrementos afectan a más de medio millón de estudiantes del sector privado.
Además, opinó que es innegable que el Estado ha hecho esfuerzos por mejorar la educación pública, sobre todo en materia de infraestructura pero afirmó que aún queda mucho por hacer.

“Ya es tiempo de enfocar el gasto en educación a la formación de los docentes, la educación preescolar, transformación curricular, bachilleratos técnicos y educación bilingüe”, apuntó.

“El 4 % del PIB para educación es la principal conquista social del pueblo dominicano, el ministro Navarro tiene una gran oportunidad para elevar la calidad de la educación pública hasta igualar o superar la privada y así convertirla en un derecho de todos los dominicanos como consagra la Constitución”, concluyó.

En días pasados La Federación de Padres con Niños en Colegios Privados y Escuelas Públicas se quejó de las alzas en las tarifas de los colegios a propósito del inicio de este año escolar 2016-2017.

En declaraciones a la prensa, la primera semana de agosto, el presidente de Fedepadres, Juan Ávila, afirmó que el aumento tarifario en los colegios seculares llegan hasta el 40 %, en los centros cristianos un 30 % y en los católicos un 20 %, lo que calificó como una carga que golpea directamente en la economía de la familia.

La directora de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP), Julia Muñiz Suberví, lamentó que cada año sea un tema de debate recurrente en la prensa el aumento de las tarifas de los colegios y argumentó que existe mucha desinformación en los sectores involucrados.

“Los centros educativos son empresas privadas como cualquier otra, obligadas por el Estado a tener una organización y pagar todos los impuestos de ley: impuesto sobre la renta, anticipos y tesorería de la seguridad social”, subrayó Muñiz.