La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en contra del exjuez Francisco Arias Valera y la suspendida jueza Awilda Reyes, acusados de supuesta irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La medida, prevista para mañana a las 12 del mediodía en la Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, será conocida por el juez Ramón Horacio.

El mes pasado el Consejo del Poder Judicial dispuso la suspensión sin disfrute de salario y remisión a juicio disciplinario de los magistrados José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, Awilda Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa.

Sobre estos jueces se ciernen acusaciones de supuestas faltas graves en sus funciones como responsables de impartir justicia.

El procurador general, Francisco Domínguez Brito, denunció por ante el Consejo del Poder Judicial que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

El alto cargo sostuvo que Arias Valera es mencionado como la persona que supuestamente contactó e influyó, a cambio de alegadas altas sumas de dinero, para que la jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, emitiera varias decisiones, entre ellas la sentencia de hábeas corpus, mediante la cual ordena la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís (Ney), acusado de ser el autor intelectual de varios asesinatos.