Un total de 3,329 funcionarios públicos –llamados a obedecer las leyes del país que dirigen– no han cumplido con sus declaraciones  juradas de bienes, lo que representa un 53.25 % de un total 6,216 que ocupan cargos en las instituciones del Estado.

En cambio, solo 2,295, equivalente a un 37 %, depositaron sus declaraciones, de acuerdo con un informe del Programa de Estudios de Desarrollo Dominicano (PEDD), una nueva área de investigación, lanzada ayer por su coordinador, Fernando Ignacio Ferrán, y por David Álvarez, vicerrector de Investigación e Innovación de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El informe del PEDD, cuyo objetivo es evaluar políticas públicas y privadas, y recomendar soluciones a problemas sociales, económicos y políticos en República Dominicana, indica que esos funcionarios que no han declarado sus bienes violan la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y a su Reglamento de aplicación.

En su primer boletín, llamado “Laboratorio Padre José Antonio Esquivel” y con datos recogidos en auditorías de la Cámara de Cuentas (CC), el PEDD indica que de los 3,329 funcionarios que violan la Ley, 2,065 no habían presentado sus bienes al 19 de julio del presente año, en función de la Ley 311-14, mientras que 1,264 que aparecen en una de las listas de la Cámara de Cuentas como funcionarios no incluidos en la derogada Ley 82-79, pero sí en la Ley 311-14, que “todavía no han depositados sus bienes”.

Asímismo, en el total de los 2,295 que cumplieron con la Ley haciendo el depósito de sus declaraciones, se incluye a 1,267 que debieron hacerlo en función de la 311-14, y 1,028 funcionarios lo hicieron bajo la 82-79.

Ignacio Ferrán sostuvo  que debe haber sanciones para quienes incumplen con la obligación de hacer su declaración jurada, o por falsedad y fraude en datos presentados bajo juramento, que incluyen desde la calificación judicial de falta grave o de tercer grado, hasta delitos que conllevan multas y cárcel por información falsa, así como incautación y decomiso de bienes.

“A la fecha, funcionarios infractores no han recibido la debida sanción por su incumplimiento. Por igual, ninguna de las declaraciones juradas depositadas ante las autoridades competentes está siendo en estos momentos auditada o examinada por razones administrativas o penales”, indica el coordinador.

Sugirió a las autoridades que comiencen al menos con el análisis del 10 % de las declaraciones juradas y aumenten cada año ese porcentaje hasta llegar a dar pleno cumplimiento al mandato de la ley vigente.

En tal sentido, el Departamento de Fiscalización Patrimonial de Funcionarios Públicos de la CC envió a la Tesorería Nacional una lista de 15 funcionarios para que les retenga sus salarios por no hacer sus declaraciones juradas.

¿Por qué no han sido sometidos?

Consuelo Ariza Pou, coordinadora del Despacho Presidencia en la CC,  manifestó que desde el 8 de agosto de 2014, fecha en que se implementó la Ley 311-14, ha remitido a la Procuradoría General de la República (PGR) ocho listas con irregularidades en las declaraciones juradas de los funcionarios.