Al hacer una radiografía de los comicios del 15 de mayo y pasar balance sobre los resultados obtenidos, salen a relucir distintas debilidades que podrían resolverse con la aprobación y fiel aplicación de una Ley de Partidos Políticos, así como también con una bien consensuada nueva Ley Electoral.

Esta es la premisa que emana del seminario “Balance del pasado proceso electoral; propuesta de reforma desde la sociedad civil”, cuyos expositores coincidieron en afirmar que es verdaderamente necesaria una transformación de las leyes que rigen la política partidaria dominicana.

Durante su alocución, el director de este diario, Homero Figueroa, en su condición de directivo del Centro Juan XXIII; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); Francisco Álvarez, miembro de Participación Ciudadana, y Manuel Olivero, también del Centro Juan XXIII, detallaron las debilidades que arrojaron las pasadas elecciones y plantearon los puntos prioritarios que contiene el proyecto de Ley Electoral que proponen desde la sociedad civil.

En el seminario, Castaños Guzmán aseguró que los partidos políticos están expuestos a convertirse en herramientas de lavado de activos ilícitos, por la ausencia de una ley de partidos que ponga un tope a los gastos publicitarios, además de transparentar las donaciones recibidas, y que imponga rendición de cuenta del financiamiento durante la campaña proselitista.

El vicepresidente de Finjus destacó además que es necesaria la creación de un sistema de sanciones y consecuencias, donde se lleven a cabo los debidos procedimientos para castigar a quienes cometan transgresiones, así como tomar medidas drásticas ante la falsedad.

Señaló a la educación y formación política como bases para el fortalecimiento institucional e instó a quienes aspiren a pertenecer a un partido político determinado, se sometan a programas de formación.
El seminario, que se impartió en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), se llevó a cabo justo cuando los integrantes del Senado de la República se aprestaban a iniciar los trabajos para una posible aprobación de la Ley de Partidos.

De acuerdo con los panelistas, esta pieza no debería aprobarse con celeridad, antes del 16 de agosto, cuando serán proclamadas las nuevas autoridades, sino que es una ley que merece un estudio minucioso para evitar en futuros procesos electorales situaciones como las que vivió el país en los pasados comicios.

Renovar la Ley Electoral

La Ley Electoral, que ha generado amplios debates en la vida política del país, a juicio de Francisco Álvarez, también debe ser objeto de una drástica transformación.

Este expositor aclaró que los parámetros a seguir para que exista una ley electoral efectiva están explícitos en la Constitución dominicana, específicamente en el artículo 211, que reza: “Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”.

Reconoció que se debe partir del proyecto de ley de la JCE, aunque asegura que “tiene muchas debilidades que deben ser subsanadas”.

Álvarez detalló los puntos que componen el proyecto de reforma de la Ley Electoral, entre los que destaca la reducción de los miembros del pleno, de cinco a tres; la creación de un equipo multidisciplinario “para reducir el monopolio de los abogados”; además de dar independencia a los miembros, es decir, “que no exista membresía partidaria, al menos en los dos últimos años de gestión”, con el objetivo de que este órgano sea objetivo y pueda cumplir con su plena función de árbitro.

El integrante de Participación Ciudadana entiende que se debe “destrujillizar la Junta Central Electoral”.

Explica que esto se lograría haciéndola funcionar como un órgano colegiado, además de reducir las funciones del presidente de la entidad.

Habló además del presupuesto y la transparencia de la JCE; indicó que todas las decisiones de la JCE y las correspondencias oficiales de sus miembros deben ser publicadas; no obstante, sostiene que, tras hurgar en la plataforma digital de la Junta ha constatado que es muy poco transparente.

El panelista resaltó la importancia de la integración de los colegios electorales, buscando mejorar su composición; mejorar la capacitación especial y considerar la obligatoriedad sujeta a multas.

Subrayó la aplicación del voto preferencial y alegó que el proyecto de la JCE lo suprime. Dijo que esta herramienta debe aplicarse para poder votar por senador y diputado de distintos partidos políticos.
Otras de las propuestas prevén que los diputados nacionales sean distribuidos solamente entre los partidos minoritarios, y que las campañas proselitistas, tanto internas de cada organización política, como nacional, solo tengan una duración de tres meses.

Pese a los “buenos deseos” de la sociedad civil, las decisiones quedan en manos de los integrantes del Congreso y sus líderes en los partidos políticos.

Reforma Ley de Partidos

“Los partidos están expuestos a convertirse en herramientas de lavado, si no se pone un tope y se transparentan los financiamientos”. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus.

Reforma Ley Electoral

“Para reformar la Ley Electoral hay que partir del proyecto de la JCE, pero tiene muchas deficiencias que deben ser subsanadas”. Francisco Álvarez, miembro de Participación Ciudadana.