La pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad siguen constituyendo problemas estructurales en Latinoamérica y el Caribe, donde existe un importante riesgo de retroceso debido al empeoramiento de los indicadores económicos y de mercado de trabajo, según un informe presentado hoy por la Cepal.

El estudio denominado "La matriz de la desigualdad social en América Latina", elaborado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), fue presentado hoy en Santo Domingo ante responsables de política social de 33 países de la región.

La directora de la División de Desarrollo Social de la Cepal, Laís Abramo, fue la encargada de exponer el trabajo, que constituye una respuesta a la solicitud hecha a la entidad para que profundice en el análisis de las múltiples dimensiones de la desigualdad social en la región.

Durante su intervención, Abramo destacó que seguir avanzando en la superación de la pobreza implica enfrentar de forma mucho más decidida la desigualdad, cuyo primer eje es la clase social (o estrato socioeconómico), apunta el informe.

Uno de los factores más evidentes de la clase social es la desigualdad de ingresos, que constituye, a la vez, la causa y el efecto de otras desigualdades en ámbitos como la educación, la salud y el mercado de trabajo.

El informe también hace alusión a las desigualdades entrecruzadas: género, raza y etnia, como elementos que se potencian y se encadenan a lo largo del ciclo de vida, generando profundas brechas sociales.

La pobreza e indigencia es significativamente más elevada entre los indígenas y afrodescendientes, siendo, en muchos casos, dos o más veces superior y especialmente acentuada entre la población femenina de esos grupos.

Además, la incidencia de la pobreza es más elevada en la infancia y la adolescencia y las privaciones y la vulneración de derechos en esta etapa puede tener efectos profundos y perdurables para el bienestar y el desarrollo futuro de las personas.

Otro de los elementos que destaca el informe como eje de desigualdades es la maternidad adolescente, un fenómeno altamente estratificado y mucho más acentuada en las zonas rurales, que afecta directamente al nivel de estudios.

En el ámbito laboral, el análisis califica como "preocupante" el porcentaje de jóvenes que no está estudiando ni ocupado en el mercado de trabajo, siendo la proporción de mujeres en esa situación muy superior a la de los jóvenes del sexo masculino.

Un porcentaje significativo de esas jóvenes tiene una alta carga de trabajo doméstico no remunerado; esto evidencia la persistencia de una división sexual del trabajo que atribuye a las mujeres la responsabilidad principal o exclusiva en ese tipo de actividad.

La brecha relativa al género también se pone de manifiesto en el acceso a una pensión en la vejez. A nivel general, esta prestación sigue siendo un horizonte lejano en la región, a pesar de algunas mejorías en los últimos años.

El territorio constituye otro vector de desigualdades sociales, siendo las zonas con elevada proporción de población afrodescendiente o indígena los que presentan mayores niveles de pobreza.

Más allá de los ingresos, las desigualdades en el acceso a servicios básicos está asociada a una gran disparidad territorial que marca el acceso a agua potable, electricidad, o vivienda y que incrementa la denominada brecha digital.

La presentación del documento tuvo lugar en el marco del VIII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, que se celebra en la capital dominicana, en paralelo a la reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, organizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cepal.