El juez Diómedes Villalona, de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA),  conoce hoy el recurso de amparo preventivo interpuesto por la coalición Poder Ciudadano, en el que se acusa al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional de violación a la libertad de expresión en la manifestación pacífica realizada en días pasados, en demanda del cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y con el que se busca la protección de protestas ya programadas.

Los abogados Aracelis Peralta,  en representación de la Procuraduría Superior Administrativa; Carlos Sarita, de la Policía Nacional; y Juan José Martínez, del Ministerio de Interior y Policía descartan que sea un caso de “extrema urgencia”, a lo que la parte acusadora, representada por los abogados Bartolomé Pujals y Guillermo Sterling respondieron que el tribunal fue quien estimó que el amparo sea calificado de este modo.

“No urge una decisión que ponga fin a la violación que se plantea”, expresó Peralta, refiriéndose a la necesidad de “agotar el debido proceso”.   

En esa misma dirección mencionó tres condiciones fundamentales para el seguimiento del caso: un plazo razonable, garantía de imparcialidad y derechos de la defensa, por lo que sugieren una reprogramación de la protesta para hoy a las 5:00 de la tarde, en la calle Doctor Delgado con Moisés García, frente a la OISOE, ya que consideran que no hay peligro en hacerla hasta que sean probatorios los argumentos presentados.

La parte de la defensa se refirió a la violación del artículo 119 (b) de la Ley de Tránsito de vehículos 241, en la que se establece que las entidades acusadas en la pieza “tienen la facultad de otorgar el permiso para el uso de la vía pública, siempre que el tránsito principal no se vea afectado o que las vías no se cierren por más de seis horas”, al tiempo que Pujals, abogado de la parte acusadora, expresó que “no se procura cerrar la vía pública; fue la Policía la que obstruyó la vía con vallas metálicas”.

En ese sentido el Ministerio de Interior y Policía manifestó que garantiza el derecho a protesta siempre que no se vulnere la seguridad del Palacio Nacional que se encuentra en las inmediaciones donde este movimiento social planea colocarse.

“No se tiene ninguna objeción en cuanto a la realización de dicha actividad; al contrario, se ha abocado al cumplimiento de la citada pieza legal, procurando garantizar el orden público en un área donde puede resultar comprometida la seguridad de la sede de la Presidencia”, dijeron en un comunicado de prensa.

El juez, luego de aplazar la audiencia ayer martes, concedió a las partes la oportunidad de presentar las pruebas hasta las 4:00 de la tarde, para dar continuidad a la audiencia hoy a partir de las 11:00 de la mañana.

La lucha iniciada por Poder Ciudadano toma fuerza. Ahora se agregan las manos de los  miembros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quienes dijeron que también se unirán a la cadena humana para el cierre de esta institución estatal donde, supuestamente, se tiene una mafia administrativa.

Las investigaciones que hoy enfrenta la OISOE se han colocado en el tapete después que el arquitecto David Rodríguez se suicidara en un baño de esta entidad.