Antes de que 2014 se estrenara, ya en Punta Catalina (Baní, Peravia) se iniciaban los trabajos de una central termoeléctrica con capacidad de 720 megavatios basada en la quema de carbón mineral. La multinacional Odebrecht ganó la asignación del proyecto por una cotización de US$1,945 millones, monto tan cuestionable como la licitación.

La central estará integrada por dos unidades de 360 megavatios cada una; el proyecto debe entregarse en 2017. De acuerdo con Odebrecht, dispondrán de una terminal de recepción de carbón mineral con capacidad de 80,000 toneladas. También un sistema para tratar el agua, tópico que mereció una demanda de organizaciones civiles por entender que esta planta atentaría contra el ecosistema natural del municipio.

Los 720 megavatios representan 5.3 millones de MWh al año, a un precio promedio de 9.80 centavos de dólar, según las informaciones oficiales. De ser así, el país se ahorraría 8.30 centavos de dólar por cada KWh, para un total anual de 441.6 millones de dólares.

La constructora precisa que “la planta está diseñada tomando en consideración la importancia, tanto de la eficiencia como de cumplir con los más altos estándares internacionales exigidos por instituciones financieras como el World Bank, IFC etc., en materia ambiental, a fin de asegurar la protección y preservación tanto de la salud, como de los ecosistemas existentes, garantizando la correcta gestión y desempeño ambiental”.

Para que el gobierno dominicano pudiera cubrir el pago que presupuestó la multinacional brasileña –envuelta en un serio conflicto de corrupción en su país– tuvo que tomar un préstamo de US$632.5 millones a un grupo de bancos europeos liderados por la Societé Generale de Francia, Banco Santander de España, ING Bank de Holanda, Unicredit de Italia y Deutsche Bank de Alemania.

En diciembre de 2015 se recibieron los primeros US$200 millones de ese préstamo. Hasta la fecha la inversión va por los US$975 millones. El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, aseguró que el préstamo se tomó a 15 años bajo una tasa del 3.23%. Si todo funciona como se piensa, en un lustro se pudiera pagar el dinero tomado para la construcción de esta mega obra que debe durar no menos de 50 años funcionando.

Todo va muy bien desde el lado oficialista y Odebrecht. Pero al cruzar la calle, las quejas, reclamos, denuncias y vaticinios se multiplican tan rápido como las licitaciones que localmente gana esta multinacional. Bichara dice que los tres o cuatro años de gracia que tienen para iniciar el pago de la deuda, permitirá generar “flujos económicos” para adelantar los pagos, pero fuera del pastel, las versiones llenan de electrones el optimismo.

El economista Pedro Silverio Álvarez publicó un análisis (2013) sobre la construcción de esta planta: “El Gobierno tendrá que endeudarse en unos US$2,000 millones en el curso de los próximos tres años; es decir, a un ritmo por encima de los US$600 millones por año (...) Esta es una situación suficientemente poderosa como para pensarlo dos veces antes de comprometer al Estado con esta inversión con vocación de elefante blanco”.

Las diputadas Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez presentaron hace menos de un año un proyecto de resolución donde le piden a la Cámara de Diputados reabrir la investigación sobre la licitación y cotización presentada para las plantas a carbón de Baní.

La otra corriente

En 2007 se promulgó una ley para invertir en energía renovable, pero se obvió ese tópico para adentrar al Estado en una deuda de muchas cifras que triplica lo invertido en luz limpia en 2013 (US$645 millones,  según el BID).

Una vez las plantas estén funcionando deberían arrojar 720 megavatios, pero solo se podrá aprovechar 675 por las pérdidas técnicas y la distancia en distribución. Hay que agregar que esa energía se venderá a los distribuidores que más tarde la despacharán a las EDEs, por lo que el Gobierno mantendrá, más o menos,  el subsidio que hasta ahora le ha costado más de US$5,000 millones en el último lustro.

Hace poco más de 10 años se planteó la idea de construir dos plantas de carbón de 600 megavatios cada una. Para hacer el estudio de factibilidad se contrató a la empresa multinacional Mercado, la cual afirmó que de instalarse el  proyecto se requeriría que la CDEEE pudiera recuperar un mínimo del 81% en todo el ciclo evaluativo.

“Por consiguiente, la rentabilidad del proyecto está asociado a la mejora de las pérdidas totales existentes en la etapa de distribución, y esto último obliga a ejecutar inversiones y mejoras en la gestión de las Empresas de distribución, acciones que merecen preferencial atención”, apuntan los analistas. Actualmente la CDEEE subsidia el 40% del consumo local.

De manera que antes de encender las plantas en Baní hay que viabilizar la estrategia para reducir el subsidio y, por ende, aumentar los ingresos públicos. Hasta la fecha hay unas 840 mil familias que reciben apoyo con el BonoLuz, pero las grandes pérdidas están en los más de 500,000 consumidores que no pagan, entre ellos macro empresas populares.

Empero, cuando se publicó la Gaceta Oficial CXLVI (julio 2014) la precisión fue clara: por cada megavatio de generación el Estado pagará US$2,569, muy por debajo de los US$3,250 que se paga en Estados Unidos; en Brasil la media ronda US$2,570; en Chile US$2,525 y en Bulgaria sale por US$2,600. De mantenerse así, estaríamos pagando precios favorables.

El ecosistema

Además del factor económico, hay otro riesgo que es muy necesario evaluar: la ecología. Bichara asegura que el proyecto cumple con todos los reglamentos de factibilidad medio ambiental, sin embargo el Comité de Lucha Contra el Cambio Climático afirma que una vez en funciones, estas plantas emanarían 174,000 toneladas mensuales de cenizas del carbón mineral.

AES Guayama en Puerto Rico negoció depositar las cenizas del carbón en Arroyo Barril, Samaná. En el 2005 el gobierno dominicano la demandó por daños al ecosistema y a las personas del lugar, enfermas por la emisión de los tóxicos. Dos años después se le otorgaron US$2 millones al Estado y se retiró la querella. Todavía hay familias enfermas por el rockash.

La querella llegó al estrado y el pasado 8 de marzo el Tribunal Superior Administrativo se reservó el fallo, sin fecha fija, sobre el recurso de amparo ambiental contra las plantas de carbón. El abogado demandante, Euren Cuevas, precisa: “Esas cenizas contienen sustancias tóxicas como azufre, mercurio, óxido férrico, anhídrido fosfórico, niveles de radiactividad que contaminarían el aire, suelos y agua”. La parte acusada descalificó la querella.

Una investigación presentada por el Instituto para la Economía Energética de la Universidad de Stuttgart arrojó que “la contaminación atmosférica procedente de las centrales térmicas de carbón de la Unión Europea fue responsable de 22,300 muertes prematuras en 2010”. Cuando se quema carbón se producen gases ácidos, hollín y otras partículas que penetran en los pulmones, llegan a la sangre y provocan, paulatinamente, ataques al corazón, cáncer de pulmón, ataques de asma y otros problemas respiratorios.

En China se quema casi la misma cantidad de carbón que consume el resto del mundo, pero sus niveles de contaminación son tan altos que en 2012 murieron más de 8,000 personas, de acuerdo con Greenpeace East Asia. Hace dos años Pekín prohibió la venta de ese material, aunque su mayor foco de contaminación son los vehículos de motor.

La mejor solución que ven los ambientalistas es convertir el proyecto a gas natural, propuesta que secunda el político Max Puig al considerar que mantener las plantas con carbón mineral le hará “un hoyo” al país. Plantean que entre eliminar las cenizas, instalar filtros y el costo por las emisiones de CO2, sumarían más de 365 millones de dólares al año.

Pero quien responde a estas aseveraciones no es Bichara o su equipo, sino el empresario Juan Viccini en su artículo “Presiones sobre las plantas de Punta Catalina/octubre 2015)”. Sobre lo ambiental dice que las cenizas serán llevadas hasta la cementera Domicen para ser reutilizadas; para el CO2 asegura se plantará un millón de árboles de caoba en los alrededores, un proyecto denominado CaoBank.

En lo referente a convertirlas a gas natural, Viccini presentó cálculos donde se precisa que el costo entre esta planta en carbón o gas es muy similar, pero que el Gobierno no logró cerrar un contrato con lo segundo como combustible. No descarta el uso del gas en un futuro, pero aplaude el acuerdo presente, sobre todo porque los terrenos donde se construyen las plantas en Baní pertenecen al ingenio CAEI, de titulación Viccini.

La justificación para usar carbón y no gas la presentó el economista Andy Dauhajre hace poco más de dos años en un artículo publicado en el periódico El Caribe: “El carbón es y seguirá siendo por los próximos 50 años el principal combustible para la generación de electricidad en el mundo. Para el 2040, la U.S. Energy Information Agency (EIA) ha proyectado que el 35.6% de toda la generación de electricidad en el mundo tendrá al carbón como combustible, superando a las fuentes de energía renovables”.

Agrega que la producción de energía con carbón es más barata que la de gas. Puso el ejemplo de Estados Unidos donde el carbón costaba –en 2013– unos US$2.39 medidos en BTU, casi la mitad de los US$4.19 del gas natural y mucho menos de los US$19.02 del fuel oil. Dos años después el presidente norteamericano Barack Obama pidió al mundo la reducción de las plantas de carbón para minimizar los niveles de contaminación.

Mientras los analistas y economistas comparan las ventajas del carbón sobre el gas, en Puerto Rico los congresistas vacilan ante la idea de prohibir las plantas de ese mineral en 2023. Sucede que desde 2002 funciona la terminal AES Guayama y han usado las cenizas para rellenar terrenos, por lo que cuando se hurga la tierra suben los tóxicos que matan paulatinamente. “Las cenizas de Baní serán reutilizadas por Domicen”, dice Juan Viccini.

Parte del pastel

Otro aspecto a considerar será la participación privada en el campo de juego. Desde que se planteó la idea de crear estas plantas se propuso que las empresas fueran las dueñas del proyecto, pero las cosas dieron un giro y se dispuso que el Estado sea el propietario del todo y sus partes. Obviamente, provocando alergias.

Todavía el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) propone que los empresarios deben ser los dueños de esas plantas, aunque ya se ha invertido casi US$1,000 millones. El economista Silverio secunda a los capitalistas y enfatiza que el Gobierno no puede ser juez y parte al entender que el problema no es más energía, sino regular la que hay.

En agosto de 2014 el Tribunal Superior Administrativo ordenó suspender la licitación bajo el argumento de que el presupuesto presentado por Odebrecht superó en casi 500 millones de dólares lo dispuesto de parte del Estado para eso, que eran US$1,500 millones. La impugnación la presentó el Consorcio IMPE, que participó junto a la empresa China Gezhouba Group Corporation (CGGC).

La CDEEE precisa que la brasileña obtuvo 48.95 de la calificación, mientras las otras tres sacaron 35.70 (Posco), 34.85 (China Gezhouba Group) y 29.95 (Sepco III Electric Power Construction Corporation). La propuesta que más se acercó a la de Odebrecht fue la de Posco Engineering & Construction con unos US$2,068 millones.

Sin embargo, el ingeniero Raúl Cabrera (accionista del Consorcio IMPE) asegura que la oferta de su empresa fue de US$900 millones, menos de la mitad presentado por la brasileña. En la convocatoria participaron más de 50 firmas, pero menos de cinco cumplieron los requisitos.

Lo que planteó este ingeniero en agosto de 2014, y que publica el periódico Acento.com.do, es que las empresas que resultaron finalistas recibieron ofertas para abultar sus cotizaciones a cambio de otras obras y millones de dólares, a los fines de que la mejor propuesta sea la de Odebrecht y así fuera la elegida.

Pero el pleito se extendió cuando uno de los accionistas de la firma Dinamic Solutions, Ricardo Cheaz, negó las acusaciones reveladas por Cabrera. Incluso, afirmó que su atacante le insinúo que dejaría sin efecto la querella si le daban US$17 millones. Secunda al Gobierno al decir que hay sectores boicoteando la construcción de la planta por intereses particulares.

Fuera de toda la parafernalia local, lo que más perjudica este contrato Estado-Odebrecht es el caso que se sigue en Brasil contra esta empresa y su vinculación con Petrobras. De acuerdo con las investigaciones preliminares en la operación Lava Jato, la constructora habría financiado las campañas políticas de distintos aspirantes en varios países latinos, incluyendo República Dominicana, para luego adjudicarse las megaobras.

La mecánica, de acuerdo con una publicación del periódico Época.com, consistía en que Odebrecht identificara países de su interés económico, luego enviaba a Joao Santana para asesorar al candidato mejor valorado en las elecciones (financiado por ellos) y, cuando el postulante ganaba, tenía la responsabilidad de beneficiar a la constructora con las obras grandes en ese país. Hasta hace un par de semanas Joao era el principal estratega de la reelección danilista, como lo fue en el 2012 cuando el actual Presidente ganó su puesto.

¿Qué pasó ayer?

En el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) se llegó al acuerdo de privatizar parcialmente el sector eléctrico (50 y 50 entre lo público y lo privado) a los fines de que tuviera mejor administración y, por ende, mejores resultados. Los primeros años parecían como panacea, hasta que los intereses sacaron las garras y el resto… usted lo conoce.

En julio de 2012, el exvicepresidente de la CDEEE Radhamés Segura publicó un artículo en el periódico Listín Diario donde explicaba con cifras y cálculos los beneficios que hoy tendría el país si en 2006 se hubiese instalado una planta de carbón construida por Sichuan Machinery y Equipment de China y Emirates Power de los Emiratos Árabes, como se acordó.

Para 2011, el déficit energético fue de US$1,238 millones y, de acuerdo con Segura, habría sido mayor si no hubiesen incrementado el fisco en un 30%. De haberse instalado la planta de Sichuan, el país se habría ahorrado unos US$582 millones, pero que no fue posible por “la intervención con que actuaron partidarios de Montás” –asumimos que Temístocles.

En 2009 el entonces presidente Leonel Fernández inauguró la central hidroeléctrica Pinalito con una capacidad de 50 megawatts, a un costo superior a los US$300 millones. Sin embargo, cuando se concibió el proyecto a finales de 2004 el monto presupuestado era de US$132 millones, o sea menos de la mitad por la misma cantidad de energía. La empresa constructora fue, de nuevo, Odebrecht.

Horas antes de Leonel salir del Palacio Nacional abrió otra hidroeléctrica, esta vez en Palomino-San Juan de la Maguana, con una inversión de US$400 millones y una capacidad de producción de 80 megavatios. La construcción, obviamente, estuvo a cargo de la multinacional brasileña, la misma que ha edificado 15 macro-obras nacionales y tiene tres en ejecución.

Los contratos de Cogentrix y San Felipe provocaron al Estado una pérdida anual de unos US$133.51 millones, para un total de US$667.56 millones entre 2010- 2015 (CDEEE), aunque en algunos de esos años no estuvieran funcionando. Ya venció el acuerdo con San Felipe, pero el de la otra sigue hasta 2022, a menos que se logre modificar, como se ha intentado.

En México, por ejemplo, se construye una planta de ciclo combinado entre gas natural y vapor de agua que generará 850 megavatios a un monto de US$400 millones, casi cuatro veces menos que la terminal en Punta Catalina y con 100 megavatios más. Estiman que la planta en Baní está sobrevaluada con US$1,000 millones pero no se presentan pruebas concisas. Bichara insiste en que el ahorro anual será de unos US$400 millones.

Por lo pronto, el expresidente de Odebrecht, Marcelo, fue condenado a 19 años de prisión en Brasil. Las investigaciones llegan hasta el Caribe, aunque no se sabe si alcancen hasta Punta Catalina.