Es común encontrar en la ciudad de Santo Domingo decenas de edificaciones que han sido levantadas en terrenos accidentados. Y no es todo: una gran cantidad de esas construcciones han sido hechas sin tomar en cuenta las normas  antisísmicas.

Asimismo, en República Dominicana existen decenas de casas y edificios expuestos a los fenómenos naturales, tanto por la forma en que fueron construidos como por los materiales utilizados, lo que contribuye a que puedan ser afectados de manera directa por desastres naturales.

La Ley 147-02 sobre gestión de riesgos, detalla que los desastres naturales consisten en una situación o proceso social que se desencadena como resultado de la ocurrencia de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una comunidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad.

Agrega que estas alteraciones se encuentran representadas por la pérdida de vida y salud de la población, la destrucción o pérdida de bienes de la colectividad y daños severos sobre el medio ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender los afectados y restablecer la normalidad.

En la ley, del mismo modo en que se definen los desastres naturales y su impacto en las poblaciones, se refiere la evaluación del riesgo (fase preventiva) y lo define como el proceso mediante el cual se determina la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y en un área determinada.

Sin embargo, aunque esta ley tiene más de 14 años de aprobada, las acciones preventivas frente a desastres naturales todavía están muy distantes de las necesidades reales del país. La mayoría de los dominicanos no sabe qué hacer en caso de desastres.

Peligro en las escuelas

José Ángel Jiménez tiene seis años, está en primer grado de primaria. Acude a un colegio establecido en un local de no más de 200 metros y le acompañan casi 80 niños de cinco maestras.

El colegio está ubicado en el primer nivel de una edificación con varios pisos que por sus características podría constituir un riesgo si se toma en cuenta la densidad poblacional alrededor de la edificación.

Dentro de sus instalaciones, el colegio posee varios paneles  que son utilizados para dividir las aulas, estrategias que se utilizan en muchos centros educativos y que ponen en riesgo a los niños que hacen vida escolar en el lugar, debido a la amenaza que representan estos objetos en caso de un temblor de tierra de magnitud considerable que pueda sacudir esas piezas y provocar algún tipo de herida en los alumnos.

“En el país se debe trabajar en la prevención”, asegura el director de la Defensa Civil, general Rafael de Luna Pichirilo, quien manifiesta que en República Dominicana todos los lugares son vulnerables a desastres.

Explica que el país está expuesto a ser afectado por huracanes, terremotos e inundaciones, fenómenos naturales que en el pasado han afectado el territorio nacional y que pueden seguir afectándole por su posición geográfica.

“Hemos tenido tsunamis, y más de 14 fallas activas. Estamos en el límite de convergencia de una placa en el Caribe y tenemos más del 60 % de un territorio montañoso, lo que hace al país susceptible a inundaciones”, indica.

De Luna Pichirilo precisa que se debe trabajar en la prevención para que la gente se oriente y sepa qué hacer en caso de desastres. Destaca que desde la Defensa Civil se realizan actividades con ese propósito. Una de ellas, un simulacro realizado en Villa Juana, donde el personal brindó servicio a las instituciones de respuesta a emergencias y evacuó varios edificios de manera simultánea.

La acción preventiva fue organizada por la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Educación, Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Servicio Nacional de Salud.

Con el simulacro se trató de verificar la capacidad de respuesta y coordinación que debe existir entre las instituciones y las comunidades ante una situación de emergencia provocada por un terremoto.

Pero aún así, no es suficiente. Son 10 millones de dominicanos los que esperan poder salir con vida de una situación de emergencia, anhelo que se ve afectado por la deficiencia de la mayoría de las edificaciones del país.

Marco Antonio Giraldo, geólogo y consultor internacional en temas de gestión de riesgo, insiste en que la población debe prepararse para enfrentar los desastres naturales, aunque explica que en este proceso las autoridades nacionales tienen un alto nivel de responsabilidad, no solo porque tienen el compromiso de educar, sino porque deben asegurarse de que las edificaciones sean construidas siguiendo normas antisísmicas.

Al participar como disertante en la conferencia “La vulnerabilidad del Gran Santo Domingo: Un desafío para construir una ciudad resiliente”, Hiraldo también puntualizó que en República Dominicana se trabaja para vaticinar cómo se compartiría un sismo en el territorio nacional, partiendo del tipo de construcción existente. Este proceso se ha catalogado como microzonificación sísmica.

Para el geólogo, el crecimiento de la ciudad de Santo Domingo (refiriéndose a la densidad poblacional y la extensión territorial) es uno de los mayores riesgos en caso de desastres. Explica que la falta de planificación urbana incide directamente en el tipo de respuesta que se pueda dar ante una situación de emergencia.

No obstante, los movimientos telúricos no son los únicos fenómenos naturales que pueden generar situaciones de emergencias en el país. En los últimos años, la mayoría de las respuestas de las instituciones diseñadas para brindar apoyo en casos de emergencias se ha basado en atender casos de inundaciones, sobre todo en la temporada ciclónica que abarca el período junio-diciembre de cada año.

“Es importante que todos sepamos qué hacer en caso de emergencia”, resalta Hiraldo, tras lamentar que todavía existan personas que no sepan qué hacer en caso de emergencia.

Hay una luz en este largo camino.

El geólogo dice que cada vez son más las acciones que se ejecutan en pro de educar a la población para responder ante desastres, aunque estén ausentes en el Plan Nacional de Atención a Emergencias que su declaratoria contenida en el artículo 16 de la Ley 147-02 no incluyan medidas preventivas y se limite a establecer como objetivos preservar la vida y reducir o prevenir los daños y consecuencias económicas, sociales y ambientales de la población en caso de desastre, y definir la estructura interinstitucional para la respuesta eficiente y efectiva durante situaciones de emergencia y en las fases de recuperación y rehabilitación posterior al desastre.

También asignar las funciones y responsabilidades de las entidades competentes en relación con su acción específica durante las fases de preparación, alerta, respuesta y recuperación, así como establecer los mecanismos de coordinación y el flujo de información entre los diferentes niveles y componentes del Sistema Nacional y con el público. Todo ello siempre enmarcado como respuesta ante desastres naturales y no como medida preparatoria para que la población, a tiempo, pueda prepararse y escapar de los estragos que a veces son provocados por “la madre naturaleza”.

Riesgo

“Hemos tenido tsunamis, y más de 14 fallas activas. Estamos en el límite de convergencia de una placa en el Caribe y tenemos más del 60 % de un territorio montañoso, lo que hace al país susceptible a inundaciones”. Rafael de Luna Pichirilo, director Defensa Civil