El Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusó hoy al presidente Danilo Medina de "imponer" a su hermana Lucía Medina (Yomaira) como presidenta de la Cámara de Diputados, una decisión que, aseguró, convierte al país en "una caricatura de democracia".

En una declaración firmada por su presidente y el secretario general, Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, respectivamente, el PRM advierte que "con los hermanos Medina ejerciendo la conducción del Poder Ejecutivo y una de las presidencias del Congreso Nacional, se entraría en conflictos con el espíritu de la Constitución de la República y la prudencia que se debe guardar en la conducción del Estado".

"Todos sabemos que la Constitución de la República es precisa en lo relativo a la separación de poderes y la independencia que debe tener cada uno de ellos, en especial el Legislativo, que tiene entre sus principales funciones actuar como poder contralor del Ejecutivo", señalan.

La llegada de otra Medina a la dirección del Estado.

Para los ejecutivos del PRM, "resulta un despropósito que el presidente Medina esté concentrando bajo su mando personal el control de todos los poderes del Estado, en momentos en que se produce un amplio consenso nacional" alrededor de la propuesta del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Pública, Rafael Blanco Canto, "para que en el país acometa un conjunto de reformas que restauren la vigencia de las instituciones democráticas".

A la vez, señala que con el nombramiento de dos dirigentes "que le son incondicionales" al frente del Congreso Nacional, Medina se agencia un mayor control del Consejo Nacional de la Magistratura, que escoge a los integrantes de las llamadas altas cortes.

Por último, señalaron que se mantendrá activo en la articulación de consensos en favor de la aprobación de las leyes del régimen electoral y de partidos y agrupaciones políticas, para que tanto en la Junta Central Electoral, que escoge el Senado, como en el Tribunal Superior Electoral y otras instancias sean escogidas personas de probada integridad y que en sus actuaciones sean garantes del cumplimiento de la Constitución y las leyes.