El director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Almonte, denunció que vender el 49 % de las acciones de las plantas a carbón que construye el Gobierno en Punta Catalina, en 1.000 millones de dólares, es una irresponsabilidad de Rubén Jiménez Bichara y del Estado.

Almonte dijo a la periodista Johanna Parra en el programa televisivo Detalle Semanal, que la venta propuesta es un acto de irresponsabilidad de Jiménez Bichara, en su condición de vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

A su juicio, nadie sabe más que el funcionario, el alto costo de construcción de las plantas, porque además de los 1.945 millones de dólares que el propio Gobierno estimó que costarían, hay un costo financiero, costo de inflación en los materiales de construcción y los intereses de los préstamos con los que se ha construido, lo que también encarecerán el costo de las plantas a carbón.

"Si venden el 49 % por ciento de las acciones de Punta Catalina por 1.000 millones de dólares, se la estarán regalando al sector privado, ya que esas plantas estarán costando entre 2.500 y 3.000 mil millones de dólares y el pueblo Dominicano perderá cientos de millones de dólares", afirmó el político.

Almonte apuntó que hay que ver si los empresarios privados comprarán esas acciones, porque para comprar acciones de una planta de energía hay que garantizar el cobro de esa energía servida.

El responsable del PRM en asuntos de energía, consideró el caso de plantas de Punta Catalina, obliga a que se realice una reforma de las distribuidoras del país y recomienda que las distribuidoras sean administradas por el sector privado para hacer más eficiente la cobranza de la energía servida.

Consideró que el subsidio que da el Gobierno en el sector eléctrico está orientado a los gastos administrativos y de nóminas abultadas de las distribuidoras y la falta de facturación del servicio por lo que estas empresas deben ser saneadas y la gerencia debe ser administrada por una empresa privada.

En cuanto a la suspensión de los fondos que se esperaban del BANDEX y otros bancos de capital europeo superior a los 650 millones de dólares para la conclusión de las plantas de Punta Catalina, el especialista explicó que fue una irresponsabilidad del gobierno anunciar a través de Jiménez Bichara que ya tenían ese dinero, cuando no era cierto.

En ese sentido, afirmó que con el estallido de la crisis generada por la red mafiosa que quedó desmantelada en Brasil, se demostró que no se tenía ningún contrato firmado para la asignación de esos fondos, por lo que el Gobierno dominicano no tiene otro camino que vender las plantas, o esperar muchos años para concluirla y los intereses terminaran duplicándole su precio de construcción

"Al gobierno lo que más le conviene es terminar las plantas en el menor tiempo posible porque está demostrado que desde ya el kilovatio-hora no saldrá más barato que el kilovatio-hora que se vende ahora mismo", acotó Almonte.