En el primer semestre de este año, Pro Consumidor realizó un total de 1,685 inspecciones en el sector alimentario, abarcando las principales provincias del país, y visitando supermercados grandes y pequeños, cafeterías, panaderías, colmados, comercializadoras de agua, bares y restaurantes.

Así figura en el informe de los resultados obtenidos en el Plan Nacional de Inspección realizado por la institución en este periodo, como Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado.

Por lo que respecta a los bares y restaurantes, cafeterías y panaderías, se visitó un total de 618 establecimientos, de los que el 74.14 % cumplen con las normativas nacionales vigentes en materia de calidad de los bienes y servicios, inocuidad y seguridad alimentaria.

En lo relativo a la comercialización del agua embotellada y hielo, se inspeccionaron 88 establecimientos, donde se detectaron algunas irregularidades con respecto a los requisitos exigidos por la ley y, dada esta situación generalizada, se puso en marcha un programa para fortalecer dicho sector.

En lo que se refiere a los colmados se hicieron 611 visitas, durante las cuales se detectaron 5,457 productos no aptos para la venta por encontrarse vencidos, en mal estado, oxidados, abollados o sin etiquetas.

En los supermercados grandes y pequeños se hicieron 360 inspecciones, en las que se decomisaron 48,358 productos por encontrarse vencidos, por incumplimiento a la norma de etiquetado, o por estar los recipientes abollados u oxidadas.

La mayor parte de los artículos no aptos para la venta incumplían los requisitos haber caducado, por lo que Por Consumidor está implementando un programa de educación, a los fines de concienciar a los consumidores sobre la lectura de la fecha de vencimiento de cualquier producto antes de comprarlo.

Ante estos hallazgos la entidad procedió al decomiso de la mercancía no apta y se inició un proceso legal en contra los establecimientos que incumplen la directrices legales de la norma No. 107-13 de los Derechos de las personas frente a la Administración.

Como resultado de esos procesos judiciales fueron multadas 71 empresas, por un monto total de 2,245 salarios mínimos y, además de abonar el dinero correspondiente a la sanción, los establecimientos deberán asumir el costo de la incineración de los productos decomisados.

Pro Consumidor hizo un énfasis particular en informar a la prensa en las ocasiones en las que ha procedido a la incineración, para que los medios fueran testigo de que estos productos no serán reinsertados en el mercado.

Finalmente, la institución exhortó a las empresas comercializadoras de alimentos a cumplir estrictamente la Ley No. 358-05 para garantizar a los consumidores el legítimo derecho de la salud y seguridad alimentaria.

De igual forma, alentó a los consumidores a que los acompañen en este proceso, cerciorándose de tomar las precauciones de lugar cuando adquieran alimentos y denuncien las irregularidades que detecten.