La Procuraduría General ha presentado una demanda ante el Tribunal de Tierras de la jurisdicción de Barahona reclamando los derechos registrados a favor del Estado, concretamente, en la parcela 40 D.C. 3, situada en la playa de Bahía de las Águilas (municipio de Enriquillo).

Con la demanda presentada por el abogado de Estado se busca la obtención de la nulidad de títulos, constancias de ventas anotadas en certificados de títulos, hipotecas y mutaciones que han sido realizadas de manera fraudulenta en la citada parcela, que tiene 12,000 hectáreas.

Junto a la procuraduría y en representación del Estado dominicano, la demanda fue incoada por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Dirección General de Bienes Nacionales y los ministerios de Medio Ambiente y Turismo en contra de la empresa Mantenimiento y Servicios Fernández S.A., Diseño, Cálculos y Construcciones, S.A., Antonio Pérez, David Eugenio Pérez, Santiago Castillo y Roberto Santos y compartes.

El procurador general de la República, Francisco Domínguez, representado por el abogado del Estado y fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria, Gedeón Platón, reclaman ese patrimonio del Estado, solicitando declarar regular y válido el litigio sobre los derechos registrados tanto en la forma como en el fondo.

Asimismo requiere solicitar al registrador de títulos de Barahona, expedir un historial sobre las operaciones y mutaciones que se hayan realizado sobre la parcela 40, incluyendo los deslindes y subdivisiones de donde resultaron varias parcelas.

Solicita además que se declare la nulidad absoluta de todas y cada una de las transferencias, hipotecas, enajenaciones, deslindes y subdivisiones realizadas sobre varias parcelas 40.

La parcela número 40 se encuentra situada en la playa de Bahía de las Águilas, y forma parte de un litigio judicial donde unos supuestos propietarios reclaman derechos de terrenos.

Los demandantes que representan al Estado piden que se ordene al registrador de títulos de dicha provincia cancelar los títulos y constancias de ventas anotadas en los certificados de títulos que hayan sido expedidos sobre las parcelas indicadas, así como abstenerse de realizar transferencias o afectar con alguna mutación las parcelas objeto de litigio en virtud de lo que dispone el artículo 135 de los reglamentos de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria.

En su instancia exponen que el Estado dominicano resultó ser el propietario de la parcela 40 del D.C 3 del municipio de Enriquillo, provincia Barahona, establecido mediante un decreto del Tribunal Superior de Tierras.

Indican que obviando todos los procedimientos de ley, la Dirección General de Bienes Nacionales, transfirió al Instituto Agrario Dominicano la parcela indicada, realizando desde entonces decenas de transferencias que devienen nulas "radical y absolutamente" por ser el producto de un inexistente asentamiento agrario realizado de manera fraudulenta por dicha institución.

Señalan, a su vez, que la parcela 40 en un 75 por ciento forma parte del Parque Nacional Jaragua.

Además los demandantes indican que el fraude en perjuicio del Estado dominicano, y de manera particular contra el Instituto Agrario Dominicano, alcanza "niveles gigantescos", al extremo de que las aceleradas maniobras produjeron situaciones de gran desorden en el archivo y registro de los mismos.Procuraduría interpone demanda sobre derecho en parcela caso Bahía de Águilas

Santo Domingo, 25 feb (EFE).- La Procuraduría General ha presentado una demanda ante el Tribunal de Tierras de la jurisdicción de Barahona reclamando los derechos registrados a favor del Estado, concretamente, en la parcela 40 D.C. 3, situada en la playa de Bahía de las Águilas (municipio de Enriquillo).

Con la demanda presentada por el abogado de Estado se busca la obtención de la nulidad de títulos, constancias de ventas anotadas en certificados de títulos, hipotecas y mutaciones que han sido realizadas de manera fraudulenta en la citada parcela, que tiene 12,000 hectáreas.

Junto a la procuraduría y en representación del Estado dominicano, la demanda fue incoada por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Dirección General de Bienes Nacionales y los ministerios de Medio Ambiente y Turismo en contra de la empresa Mantenimiento y Servicios Fernández S.A., Diseño, Cálculos y Construcciones, S.A., Antonio Pérez, David Eugenio Pérez, Santiago Castillo y Roberto Santos y compartes.

El procurador general de la República, Francisco Domínguez, representado por el abogado del Estado y fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria, Gedeón Platón, reclaman ese patrimonio del Estado, solicitando declarar regular y válido el litigio sobre los derechos registrados tanto en la forma como en el fondo.

Asimismo requiere solicitar al registrador de títulos de Barahona, expedir un historial sobre las operaciones y mutaciones que se hayan realizado sobre la parcela 40, incluyendo los deslindes y subdivisiones de donde resultaron varias parcelas.

Solicita además que se declare la nulidad absoluta de todas y cada una de las transferencias, hipotecas, enajenaciones, deslindes y subdivisiones realizadas sobre varias parcelas 40.

La parcela número 40 se encuentra situada en la playa de Bahía de las Águilas, y forma parte de un litigio judicial donde unos supuestos propietarios reclaman derechos de terrenos.

Los demandantes que representan al Estado piden que se ordene al registrador de títulos de dicha provincia cancelar los títulos y constancias de ventas anotadas en los certificados de títulos que hayan sido expedidos sobre las parcelas indicadas, así como abstenerse de realizar transferencias o afectar con alguna mutación las parcelas objeto de litigio en virtud de lo que dispone el artículo 135 de los reglamentos de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria.

En su instancia exponen que el Estado dominicano resultó ser el propietario de la parcela 40 del D.C 3 del municipio de Enriquillo, provincia Barahona, establecido mediante un decreto del Tribunal Superior de Tierras.

Indican que obviando todos los procedimientos de ley, la Dirección General de Bienes Nacionales, transfirió al Instituto Agrario Dominicano la parcela indicada, realizando desde entonces decenas de transferencias que devienen nulas "radical y absolutamente" por ser el producto de un inexistente asentamiento agrario realizado de manera fraudulenta por dicha institución.

Señalan, a su vez, que la parcela 40 en un 75 por ciento forma parte del Parque Nacional Jaragua.

Además los demandantes indican que el fraude en perjuicio del Estado dominicano, y de manera particular contra el Instituto Agrario Dominicano, alcanza "niveles gigantescos", al extremo de que las aceleradas maniobras produjeron situaciones de gran desorden en el archivo y registro de los mismos.