Los puertorriqueños viven el día a día. En la Isla la crisis se hace sentir: el gasto mensual en alimentos es el más bajo en 10 años, el costo por consumo de energía eléctrica aumentará nuevamente a partir de agosto, los servicios de salud se han visto afectados por una ola migratoria de médicos hacia Estados Unidos y el sueldo mensual de muchos contribuyentes no es suficiente para asumir un costo de vida que ha ido en aumento principalmente por causa de una serie de nuevos impuestos. El futuro del archipiélago caribeño es incierto.

Una deuda impagable que alcanza los US$72 mil millones amenaza con lanzar la isla hacia una “crisis humanitaria”, según reclama el gobierno local ante el gobierno de Estados Unidos, del cual la Isla forma parte en una relación política conocida como Estado Libre Asociado. Tres razones principales han sido la causa de esa deuda: deficiente administración gubernamental, ausencia de proyectos de desarrollo económico y exceso de préstamos para financiar servicios y proyectos de infraestructura sin fuente de repago.

La situación zarandea a la antilla más cercana de República Dominicana, uno de los destinos principales de emigración, por su doble condición de cercanía (que hasta permite los viajes clandestinos en yolas) y de territorio con jurisdicción estadounidense.

Según censo de 2010, los dominicanos en la Isla del Encanto suman 68 mil, aunque el Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Borinquen advierte un gran subregistro por la condición de ilegalidad en que llegan los criollos. Otra parte de la comunidad tiene nacionalidad estadounidense.

¿Cómo llegó hasta aquí?

Para hablar de la crisis económica y fiscal de Puerto Rico, es necesario viajar hasta la década de 1970, cuando todo comenzó. Fue durante la administración del gobernador Rafael Hernández Colón cuando el gobierno de la isla comenzó a balancear el presupuesto por medio de préstamos.

“La Constitución de Puerto Rico dice que tiene que haber un presupuesto balanceado, pero se comenzaron a incluir préstamos como parte del ingreso y se comenzó a cuadrar el presupuesto con deudas de corto plazo”, explicó el economista puertorriqueño José Alameda.

Para tener una idea, cuando Hernández Colón asumió la gobernación en 1973, la isla ya tenía una deuda de aproximadamente US$2,991 millones. A finales de 1976, la cantidad ya ascendía a US$5,587 millones, deuda que comenzó a comprometer los servicios y nómina del sector público del país.

Los gastos del Gobierno continuaban en aumento, pero los proyectos de desarrollo económico no aumentaban al mismo nivel. El presupuesto del Gobierno se continuó balanceando cada año con préstamos, lo que provocó que para finales de la administración del gobernador Carlos Romero Barceló la deuda ascendiera a US$8,693 millones en 1984 y para finales de la administración de Hernández Colón en 1992 –quien retornó al poder–, alcanzara los US$13,822 millones.

La deuda pública se duplicó entre 1993 y el 2000, bajo la administración del gobernador Pedro Roselló. Durante esa época, se desarrollaron grandes proyectos de infraestructura y de servicio, como el Tren Urbano, un SuperAcueducto y la Reforma de Salud para proveer un plan médico a los indigentes del país, todos financiados con préstamos sin fuente segura de repago.

Durante esa misma época y con el apoyo del gobierno local, en 1996 el Congreso de Estados Unidos eliminó la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, una herramienta que proveía un crédito fiscal equivalente al total del impuesto sobre las utilidades corporativas provenientes de la producción, el comercio y la inversión de negocios activos en posesiones territoriales de Estados Unidos, como Puerto Rico.

Dicha herramienta había traído a la isla decenas de corporaciones y empresas de manufactura que habían creado más de 180 mil empleos. Con su eliminación, la mayoría de esas empresas se fue del país. Para el 2000, la deuda pública rondaba los US$23,821 millones.

“Casi siempre, en los Estados que tienen mayor nivel de desarrollo, muchos de esos servicios los da la empresa privada, porque las personas tienen capacidad de pago. En Puerto Rico el nivel de pobreza es mayor, por lo tanto no se puede esperar que la gente pague a la empresa privada por los servicios que generalmente son públicos. Eso hace que el Gobierno sea más importante [...] Es posible tener un gobierno que ofrezca los servicios públicos, pero en Puerto Rico se perdió el control de la deuda”, puntualizó Alameda, catedrático de Economía en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Entre 2001 y 2004 la gobernadora Sila María Calderón aumentó la deuda en unos US$10,120 millones. A su llegada a la gobernación, Calderón denunció un déficit presupuestario de US$700 millones, que nuevamente fueron balanceados con préstamos. Pese al déficit, se destinaron mil millones de dólares a un programa de revitalización en comunidades pobres y la deuda alcanzó los US$33,942 millones.

La debacle económica se hizo más evidente a partir del año 2006, mientras gobernaba Aníbal Acevedo Vilá. Cuando culminó una extensión especial de 10 años de la Sección 936 que se aplicaba solamente a las empresas que habían decidido permanecer en la Isla durante ese período adicional, pero con el cese total, terminaron por abandonar la Isla. En ese mismo año, el gobierno de Puerto Rico declaró un cierre de operaciones por falta de dinero para pagar la nómina de empleados públicos, un cese que duró 15 días. Al mismo tiempo, se declaró oficialmente recesión económica en el país y se aprobó el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 7 %, para allegar más ingresos. Dicha medida, sin embargo, ya no era suficiente para cumplir con los pagos de una deuda que ascendía en ese entonces a más US$36 mil millones.

El gobernador creó entonces la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), para ayudar a pagar la deuda extraconstitucional. Sustentada por los nuevos ingresos que generaría el IVU, Cofina se convirtió en la herramienta de préstamos para pagar otros préstamos.

“La deuda extraconstitucional surgió del dinero que se tomó prestado para pagar los gastos operacionales del gobierno, para cuadrar ingresos con gastos. Cofina es deuda pública, su propósito no es tomar dinero prestado para proyectos de infraestructura, sino sencillamente para pagar otras deudas”, explicó Alameda.

Luis Fortuño Burset asumió la gobernación en 2008, declarando un estado de emergencia fiscal ante un déficit presupuestario de US$3,306 millones. Propulsó la Ley Especial declarando Estado de Emergencia Fiscal y estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, lo que dio paso al despido de unos 17 mil empleados públicos y nuevos impuestos. Aún así, Fortuño sumó unos US$17,828 millones a la deuda pública, para alcanzar los US$64,760 millones.

Los puertorriqueños castigaron las medidas austeras de Fortuño en las elecciones de 2012 y entonces Alejandro García Padilla asumió la gobernación, bajo la promesa de comenzar a sacar a Puerto Rico de la debacle. Sin embargo, tras una serie de nuevos impuestos y un aumento al IVU que alcanza ahora el 11.5 %, hoy el país enfrenta la peor crisis fiscal y económica de su historia moderna.

El pasado 1 de mayo el gobierno incumplió un pago de US$422 millones. El próximo 1 de julio vencerá otro pago que asciende a US$1,900 millones. El Gobierno ya enfrenta demandas de los acreedores y bonistas que reclaman su dinero y muchos no están dispuestos a negociar. Las corporaciones y propiedades públicas, así como los servicios de salud, vivienda y educación, entre otros, están en juego.

Desde que García Padilla declaró que la deuda era impagable en 2015, el gobierno ha reclamado al Congreso de Estados Unidos que le permita acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal, pero Estados Unidos no ha querido dar acceso a esa herramienta de la cual gozan los 50 estados de la nación americana.

En cambio, el Congreso discute la aprobación de proyecto H. R. 5278, que impondría a Puerto Rico una Junta Federal de Supervisión Fiscal con poderes extraconstitucionales que van por encima del poder de cualquiera de los funcionarios electos por los puertorriqueños, incluyendo el gobernador.

Esta tendría la facultad de controlar el presupuesto de Puerto Rico y tomar decisiones sobre cómo se maneja ese dinero.

El proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se espera que próximamente se discuta en el pleno de la Cámara.

Por año

Deuda Pública de Puerto Rico (en millones)
•    1960 – US$573
•    1965 – US$1,280
•    1970 – US$1,658
•    1975 – US$5,095
•    1980 – US$6,998
•    1985 – US$8,837
•    1990 – $US12,565
•    1995 – US$15,994
•    2000 – US$23,822
•    2005 – US$36,703
•    2010 – $56,823
•    2013 – US$64,957
•    2015 – US$69,195
•    2016 - US$72,000 aprox.

Por gobernador

Deuda Pública de Puerto Rico aumentada por cada gobernador (en millones)


•    Gobernador Rafael Hernández Colón (1973-1976).  1973 - US$2,991 / 1976 - US$5,587

•    Gobernador Carlos Romero Barceló (1977 – 1984). 1977 - US$5,962 / 1984 - US$8,693

•    Gobernador Rafael Hernández Colón (1985 – 1992).  1985 - US$8,837 / 1992 - US$13,822

•    Gobernador Pedro Roselló González (1993 – 2000).  1993 - $14,242 / 2000 - $23,821

•    Gobernadora Sila María Calderón (2001 – 2004).  2001 - US$25,185 / 2004 - US$33,942

•    Gobernador Aníbal Acevedo Vilá (2005 – 2008).  2005 - US$36,703 / 2008 - US$46,932

•    Gobernador Luis Fortuño (2009 – 2012). 2009 - US$52,980 / 2012 – $64,760

•    Gobernador Alejandro García Padilla (2013 – presente).

2013 - US$64,957 / Presente: $72,000 aproximadamente Información de Deuda: Economía Política de Puerto Rico: 1950-2000 / Junta de Planificación (2000-2012)