En vista del deterioro de la imagen institucional de la Policía Nacional, el país ya estrenó la anhelada Ley Orgánica de la Policía Nacional, con la que se busca modernizar la institución, fomentar la transparencia en el accionar de sus miembros y combatir la delincuencia.

Organización de los destacamentos policiales, creación de la escuela de cadetes, una nueva metodología de investigación, sustitución de la nomenclatura de “jefe” por  la de director general y fortalecimiento del Departamento de Asuntos Internos para vigilar a los agentes constituyen los principales mandatos de esta ley, que deben ejecutarse mediante la aprobación de 22 reglamentos.

 Pero esta nueva configuración de la Policía Nacional deja fuera uno de los puntos más reclamados por diversos sectores: el aumento de sueldo de sus agentes.

¿Podrá un agente ganarse el respeto de la sociedad cuando mendiga una “ayudita para el agua”, como un caso que pudo contactar el equipo de MetroRD? ¿Qué pasará cuando atrapen a un ladrón o distribuidor de drogas con x cantidad de dinero? ¿Podrán llevarlo a la justicia o les dirán “dame tanto y te suelto”?

Ese es el pecado tentador que viven 10,623 rasos, con salario de RD$7.000.29; seguidos de 4,987 cabos, con salarios de RD$8,000.26. En total, en la Policía hay 35,275 miembros con salarios que oscilan entre los RD$7,000 y casi RD$82,000. De esos, el que más cobra es el director general,  con un salario de RD$81,785.00, según la nómina de julio de este año.

No hay aumento general

En el proyecto de presupuesto para 2017, dado a conocer ayer por el Ejecutivo luego del  Consejo de Gobierno, la seguridad ciudadana fue beneficiada con un aumento RD$3,000 millones de pesos en relación con el año anterior.

El monto general es de RD$711,399.37 millones, para un incremento de RD$47,700 millones en relación con 2016, cuando fue RD$47,841 millones.

Pero no habrá aumento general a los agentes, sino que “aquellos policías que cumplan determinados criterios –que todavía no se han establecidos- serán beneficiados con aumentos salariales”, expresó Luis Reyes, director de Presupuesto.

Precisó que las retenciones presupuestarias no permiten hacer aumento general de salarios, pero “se ha ido avanzando”. Actualmente se trabaja en el diseño de una política de aumento salarial para los policías. Cuando esté disponible se dará la explicación, indicó Reyes durante una conferencia de prensa.

Voces que claman

“Es una calamidad; nuestros hijos también tienen derecho a comprar una botella de agua”, así se expresaron amigos,  esposas y madres y de los agentes en un protesta el 19 de septiembre en el Palacio Nacional, en la que exigían mejores condiciones de vida para sus parientes policías.

Otro caso que levantó la voz, sin temor a su cancelación, y que fue tendencia en redes sociales, fue Daurin Rafael Muñoz Martínez, el raso que en octubre del año pasado colgó un video en las redes sociales para denunciar los malabares que realiza para sustentarse con su “sueldo cebolla”.

La acción valiente del raso fue aplaudida por los cibernautas, pero no la dirección de la Policía lo canceló por “mala conducta”.  

¿Será posible impedir que los agentes caigan en el pecado de la corrupción y así “ordenar la casa”, como proyectó el presidente Danilo Medina el 16 de agosto durante la juramentación para su segundo mandato?

“Vamos a complementar este marco legal con mejor entrenamiento, equipamiento y dignificación salarial para nuestros agentes”, proclamó el mandatario. Pero no indicó cuándo será el anhelado aumento.

No basta una nueva Ley

Los enunciados en la nueva Ley son “muy bonitos, pero la realidad es otra”, según expresa Antonio Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). “La situación de la Policía Nacional y la superación de los males que históricamente han afectado a esa institución no depende exclusivamente de la aprobación de una ley, se requieren una visión amplia y voluntad política que permitan iniciar un eficaz proceso de superación de una cultura policial que se remonta a sus orígenes”, insiste.

El catedrático reconoce que la nueva Ley tiene puntos positivos, pero califica como fundamental mejorar las condiciones de vida de sus miembros, ya que los actuales niveles salariales afectan la dignidad  de cualquier ser humano, creando el  caldo de cultivo que incentiva las inconductas”.

Para el  diputado Elpidio Báez,  es una prioridad el incremento de los salarios de los policías para poder garantizar un trabajo eficiente de la Reforma Policial.

“Es penoso ver los salarios que cobran los policías y oficiales (…) Eso genera una alta desmotivación”, expresa el diputado. Consideró como peligroso que un hombre con un arma de fuego y vestido de autoridad ande en la pobreza.

No solo es el salario, también las condiciones en las que trabajan

Un informe de Participación Ciudadana (PC), movimiento cívico no partidista, evidenció, además, las pésimas condiciones de los destacamentos. En una muestra de 50 puestos de trabajo en varias provincias del Cibao y el Distrito Nacional  se revelaron las precariedades físicas, de higiene y tecnológicas con las que operan. Solo el 36 por ciento tiene una computadora instalada para registrar las denuncias.

Igualmente, el informe indica que solo el 27 por ciento de esa muestra carece de equipos motorizados para patrullar y perseguir a sospechosos. Además, el 40 por ciento de los destacamentos no tiene agua y solo el 32 por ciento tiene electricidad las 24 horas.

Queda ver si, en esas condiciones, el país tendrá “una policía renovada; más formada, más disciplinada y más cercana a la ciudadanía a la que debe servir”, como lo planteó el presidente Medina en su toma de posesión.

Salario

10,623 rasos tienen salario de RD$7.000.29; seguidos de 4,987 cabos, con salarios de RD$8,000.26.

“Si queremos mejorar la transparencia de la Policía, tenemos que mejorar sus condiciones de vida”. Elpidio Báez, diputado del Distrito Nacioal.

“La superación de los males que afectan a los policía no depende una ley, se requiere voluntad política”. Antonio Medida Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.