Desde el pico más alto de la opulencia criolla hasta lo más ínfimo de la marginalidad, la delincuencia ha tenido alguna participación sin ser invitada. Cada día se agudiza más la destreza de los perpetradores encaminando esta media isla a ser una favela cualquiera. Se intenta atacar las causas con medidas improvisadas, pero la mayor culpa de tantos delitos recae en un sustantivo: El Estado.

La impunidad que se compra en los tribunales, la falta de un régimen de consecuencias efectivo, el individualismo colectivo, la defecación social sobre los valores morales y éticos, la corrupción administrativa en todos los poderes públicos -y privados-, la falta de oportunidades para los que quieren subir y la incapacidad de las autoridades para mantener el orden son parte de las variables que aupan la podredumbre latente.  ¿Qué hace el Estado antes, durante y después del delito?

¿Dónde están las opciones?

De cada 10 jóvenes que vez en la calle al menos tres no trabajan y de los que sí, por lo menos cinco ganan menos de RD$15,000 mensuales, cuando la canasta básica de supervivencia ya ronda los RD$23,000. Por cada 100 que ingresan a la universidad estatal, la mitad sale antes de graduarse; los que logran el título se ven obligados a emprender porque no hay oportunidades de empleo, no las suficientes.

Hace un año que el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano reveló que ya los jóvenes Ni-Ni (Ni trabaja, Ni estudia) superan los 624,000. De esa cantidad hay un 72.7% que son mujeres, pese a eso en los actos delictivos el género predominante es el masculino, sobre todo entre 25 y 15 años. El Gobierno confirmó la creación de 400,000 nuevos empleos, pero los empresarios aclararon que esas nuevas plazas no generan riquezas porque son temporales o de muy bajos salarios.

En marzo pasado el Ministerio de Trabajo confirmó que el desempleo juvenil es la principal razón delictiva, acompañado de una desvalorización en los núcleos sociales. Al disminuir la calidad de vida familiar, y no haber posibilidades de trabajo, el delito es un ancla que en principio se ve circunstancial pero luego se convierte en estilo de vida. Unos roban por necesidad, otros por placer.

Casi el 70% de este grupo vulnerable reside en zonas urbanas donde el ejemplo a seguir ya no es el líder comunitario sino el narcotraficante que se convierte en un caudillo barrial. Las narconovelas aportan al estímulo, pese a que el artículo 36 de la ley 50-88 establece: “Se prohíbe cualquier tipo de publicación, publicidad, propaganda o programas (...) que contengan estímulos y mensajes (...) que tiendan a favorecer el consumo y el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas”.

En febrero pasado la antropóloga Tahira Vargas sentenció: “La inserción en redes delictivas por adolescentes y jóvenes está vinculada a la presencia de la búsqueda de dinero fácil, modelo social que trasciende la familia y que está instalado en nuestra sociedad por la promoción de modelos de enriquecimiento rápido e ilícito en comunidades, municipios y provincias presentes en dirigentes políticos, narcotraficantes, legisladores, síndicos y regidores que se mantienen impune”.

Si la falta de oportunidades es el pie del problema, la descomposición familiar es el talón. Hasta el 2014 la Oficina Nacional de Estadísticas registraba 1.4 millones de madres solteras, condición que no necesariamente induce al delito, pero influye en el respeto construido. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo establece que los hogares monoparentales registran una tasa de pobreza casi el doble que los biparentales, sobre todo porque cuatro bolsillos cargan más que dos.

En el estudio “Auto-Percepción de factores causales de la delincuencia en adolescentes en conflicto con la Ley Penal en la República Dominicana”, elaborado por la Procuraduría General y la Universidad Iberoamericana, se establece que la ausencia o falta de supervisión de los padres para con sus hijos favorece el inicio temprano al uso de drogas y delitos que usualmente involucran sangre y dinero.

“La pobreza afecta a una proporción mayor de niños, niñas y adolescentes que a los adultos. Se puede afirmar que la pobreza y la indigencia en la República Dominicana tienen un rostro predominantemente infantil. De cada 10 niños, niñas y adolescentes residentes en las zonas rurales, 6.3 eran pobres, mientras que en las zonas urbanas, 4.5 eran pobres”, apunta el análisis de la situación de la infancia y adolescencia en República Dominicana elaborado por UNICEF en 2012. La pobreza también se vincula con la falta de educación, dos acápites muy poderosos en la familia.

Las redes delictivas alcanzan todos los niveles y colores; por cada 10 fechorías hay por lo menos nueve policías involucrados directa o indirectamente, según la fiscal Yeni Berenice Reynoso. Asegura que en los casos de sicariato y narcotráfico es donde más se ven uniformados envueltos, aunque últimamente también en atracos y robos. En el 2010 se registraron más de 55 mil asaltos; hace tres años el 65% de la población se sentía insegura, aunque el Gobierno reitera que es “percepción”.

La delincuencia es tan evidente que la jefatura policial se vio obligada a implementar medidas drásticas como impedir que dos personas se desplacen en una sola motocicleta, cerrar los establecimientos donde permitan la entrada de terceros con armas de fuego visibles, detención de personas con perfiles sospechosos y seguimiento directo a sujetos con antecedentes criminales. En las redes sociales se critica la proliferación de operativos fugaces; esta vez la Policía asegura permanencia.

Según las autoridades, en el 95% de los casos hay una motocicleta envuelta, por lo que en los primeros días de operativo detuvieron 280 personas que se desplazaban en 205 motores, sin embargo no se especifica si esos implicados son delincuentes o, por el contrario, fueron liberados porque no presentan peligro social. Tampoco se especificó si hay algún uniformado entre el montón.

La variable en esta ola delictiva es que llega hasta los sectores que se consideraban impenetrables, como políticos, empresarios y artistas. El caso más reciente es el del gerente de comunicaciones de la Junta Central Electoral, Félix Reyna, a quien intentaron despojar de bienes a punta de pistola frente a su casa. Un hijo intentó defenderlo y le dispararon sin éxito, pero la frustración e impotencia permanecen en la familia.

Víctima de la delincuencia también se ha visto el cantante Sergio Vargas, el comediante Nicolás Díaz (Margaro), la esposa del humorista Cuquín Victoria, la cantante Melymel, la cantante soprano Ondina Matos, la merenguera típica María Díaz, el catedrático y funcionario Carlos Ruiz Matuk, parientes del alcalde Roberto Salcedo, dos hijos del economista Vicente Bengoa, la periodista Mildred Charlot, dos veces la comunicadora Socorro Castellanos, la locutora Tatiana Rosario, la comunicadora Maryanne Fernández, además de decenas de sucursales bancarias, tiendas y supermercados.

“Yo tengo miedo por mis hijos, por mis sobrinos, tengo miedo por la juventud que viene subiendo. Aquí hay una inversión de valores muy grande”, expresó el merenguero Rubby Pérez cuando confesó que analizaba la posibilidad de irse a vivir a otro país porque no le ve salida a la situación.

Durante la campaña electoral el presidente Danilo Medina anunció una serie de medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana, entre ellas mejorar las condiciones de vida y trabajo de los policías, lo mismo que todos los demás candidatos. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, aseguró que desde mayo pasado a los policías se les duplicaría el salario pero ningún agente confirmó el aumento.

La ley del más fuerte

Una vez detienen a un delincuente la Policía trata de someterlo a la justicia. Como la demanda es tanta y los recursos son tan pocos, no todos los casos llegan hasta la sede de la uniformada -a veces se da el trueque entre el agente y su presa porque el primero sabe que el segundo terminará suelto más temprano que tarde, por lo que prefiere el soborno y dejarlo libre-.

El Código Procesal Penal establece que una persona no puede durar detenida más del tiempo establecido en la coerción. La mayor cantidad es un año, pero hay reos que llevan varios sin todavía tener una sentencia en su registro. Si el acusado es menor de edad, la pena máxima son cinco años y buscan llevarla a 15. Por esa condición, los adolescentes son los de mayor presencia en el delito.

Desde junio de 2015 el Ministerio Público trabaja en el diseño de una cárcel de máxima seguridad para evitar que los internos logren escapar. En los casos delictivos que han conmocionado a la población en las últimas semanas, los involucrados no se escaparon, sino que el sistema judicial los benefició con la libertad condicional. Todos los días la Policía se queja por la benevolencia de los jueces con los criminales, aunque se argumenta que los expedientes no son bien elaborados.

Una vez ingresan a un penal, no existe un programa óptimo que los regenere. Los últimos reportes policiales dan cuenta de que en la mayoría de asaltos hay delincuentes que son reincidentes -más de dos fichas-. El penal La Victoria se construyó para  mil reos y hoy alberga más de 5,000 con casi la mitad en coerción. El Nuevo Modelo Penitenciario hace el intento de reformar, pero se queda corto.

Dentro de las cárceles funcionan bandas y se mueve igual o más droga que fuera, obviamente con la complicidad de las autoridades. Para sobrevivir dentro hay que pulir el instinto y congelar la piedad, todo combinado con bastante valor para asegurar el respeto de los enemigos. Hay algunos pocos que reflexionan sobre sus andanzas y deciden aprender un oficio para cuando salgan logren ser ciudadanos ejemplares.

En febrero pasado realizaron una requisa en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en conflicto con la ley del sector Pastor, en Santiago. Para sorpresa de los investigadores se encontraron 300 gramos de marihuana, 11 cuchillos, varios celulares, navajas y una máquina para hacer tatuajes.

También está Najayo Menores donde sus autoridades confiesan que muy pocos logran reformarse.

Culpables favoritos

Una vez el culpable consigue la libertad, no hay ningún programa que le de seguimiento. Si sale reformado, tampoco consigue ayuda para un empleo sin el prejuicio de una condena sobre sus hombros. Cabe resaltar que ese prejuicio depende si es una persona rica o no, puesto que los perpetradores de narcotráfico o lavado que tienen dinero gozan de mucha reputación social en sus esferas, y fuera de ella. Basta con ver los extraditados que llegan desde Estados Unidos y los banqueros.

Como las oportunidades son precarias para este tipo de personas, las opciones de generar ingresos se limitan a dos: empleo informal o delinquir. Para arrancar un negocio se requiere capital y si no cuenta con eso, difícilmente encuentre crédito en un banco. La marginalidad es todavía peor si tiene tatuajes o algún piercing porque hay lugares públicos donde se les prohíbe asomarse a la puerta.

El procurador Francisco Domínguez Brito manifestó que la mayoría de robos y atracos recientes fueron perpetrados por personas que son reincidentes en esos delitos, por lo que pidió a los jueces ser más drásticos al momento de dictar la coerción o de cambiarla. Recordó varios sucesos en los que los victimarios han sido reiterativos en esas acciones, sobre todo homicidios y atracos.

En cualquiera de los escenarios el Estado debe ser garante de oportunidad antes de delinquir, un régimen de consecuencia para los culpables y un seguimiento constante a los que salen de los penales. Los países que han tenido problemas similares los solucionan con tres medidas: empleo y educación para los que quieren, un sistema de persecución y justicia eficiente, además de consecuencias drásticas contra los faltantes, sobre todo los políticos y funcionarios que deben ser ejemplo en todo.

¿Qué se puede hacer para solucionar la criminalidad en Dominicana? Los expertos en derecho, sociedad y justicia recomiendan iniciar sacando las manzanas podridas de todas las estancias públicas e imponiendo ejemplo con ellas. Luego establecer un régimen de consecuencias implacable e inviolable contra todos los faltantes y maximizar las penas hasta concretar la cadena perpetua.

El diputado José Laluz propone un sistema de seguridad perimetral donde se establezcan controles por perímetros apoyados en tecnología georeferencial. El político Carlos Peña propone una semana sin motocicletas como plan piloto, mientras los congresistas pregonan que un delito sin sanción es un estímulo y por eso aprobaron una nueva ley de armas que busca regular el porte y tenencia.

La población exige medidas contundentes, duraderas y bien planificadas. El Estado juega un papel protagónico en el combate al delito, iniciando por dentro. El psiquiatra Secundino Palacios afirma que los dominicanos viven en un estado de hipervigilia que atrofia el sueño y genera mucho estrés. La tensión es colectiva y nadie parece estar seguro, ni siquiera dentro del Palacio Presidencial.