Un total de 3,329 funcionarios públicos  -llamados a obedecer las leyes del país que dirigen- no han cumplido con sus declaraciones  juradas de bienes, lo que representa un 53.25% de un total 6,216 que ocupan cargos en las instituciones del Estado.

En cambio, solo 2,295, equivalente a un 37%, y depositaron sus declaraciones, de acuerdo a un informe del Programa de Estudios de Desarrollo Dominicano (PEDD), una nueva área de investigación, lanzada ayer por su coordinador Fernando Ignacio Ferrán y  David Álvarez, vicerrector de Investigación e Innovación de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

En tal sentido, el Departamento de Fiscalización Patrimonial de Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas,  ya envió a la Tesorería Nacional un listado de 15 funcionarios para que les retenga sus salarios por no hacer sus declaraciones.

¿Por qué no han sido sometidos?
Consuelo Ariza Pou, coordinadora del Despacho Presidencia en la CC,  manifestó que desde el 8 de agosto del 2014, fecha en que se implementó la Ley 311-14, ha remitido a la Procuradoría General de la República (PGR) ocho listados con irregularidades en las declaraciones juradas de los funcionarios.

De ahí en adelante, es la Procuradoría la encargada de someter los expedientes de esos servidores públicos incumplidores de las leyes.

Sobre el PEDD

El informe del PEDD, cuyo objetivo es evaluar políticas públicas y privadas, y recomendar soluciones a problemas sociales, económicos y políticos en la República Dominicana, indica que esos funcionarios que no han declarado sus bienes están violando la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio.


En su primer boletín, llamado “Laboratorio Padre José Antonio Esquivel” y con datos recogidos en auditorias de la Cámara de Cuentas (CC), el PEDD indica que de los 3,329 funcionarios que están violando la ley, 2,065 no han presentados sus bienes al 19 de julio del presente año, en función de la Ley 311-14, mientras que 1,264 que aparecen en uno de los listados de la Cámara de Cuentas como funcionarios no incluidos en la derogada Ley 82-79, pero sí en la Ley 311-14, que “todavía no han depositados sus bienes”.

Ignacio Ferrán sostuvo  que deben haber sanciones a quienes incumplen con la obligación de hacer su declaración jurada, o por falsedad y fraude de datos presentados bajo juramento, incluyen desde la calificación judicial de falta grave o de tercer grado, hasta delitos que conllevan multas y cárcel por información falsa, así como incautación y decomiso de bienes.

“A la fecha, funcionarios infractores ha recibido la debida sanción por su incumplimiento. Por igual, ninguna de las declaraciones juradas depositadas ante las autoridades competentes está siendo en estos momentos auditada o examinada por razones administrativas o penales”, indica el coordinador.

“Ni siquiera se investiga y somete por “presunción de enriquecimiento ilícito”, como establece el Artículo 19 de la Ley 311-14, a aquellos servidores públicos que cesaron en sus funciones y no realizaron su declaración jurada de patrimonio", manifestó Ferrán, quien, además, sugirió a las autoridades inicien al menos con el análisis del 10% de las declaraciones juradas y aumenten cada año ese porcentaje hasta llegar a dar pleno cumplimiento al mandato de la ley vigente.