Las principales cuatro fuerzas políticas del país abrieron ayer un proceso de negociaciones para encaminar la aprobación, sin fecha prevista, del conjunto de normas que deben transparentar y fiscalizar las actividades político-electorales.

Luego de la reunión de ayer, celebrada a puertas cerradas con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado, cada organización debatirá con su directiva y equipos técnicos cuáles puntos prioriza en la propuesta de ley de partidos políticos y en la de ley electoral.

La próxima semana, se fijará la nueva fecha para que estos puntos se pongan sobre la mesa y comiencen las discusiones, explicó el sacerdote al final de esta primera reunión, celebrada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), de la que es exrector y presidente de su fundación.

Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) había exigido una participación plural, con representantes de todos los partidos políticos y de la sociedad civil, Núñez Collado indicó a la prensa que los presentes favorecieron la exclusiva asistencia de los colectivos con representación legislativa.

En cuanto a la sociedad civil, dejó abierta la posibilidad de incluir a organizaciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), de donde, he hecho, surgió mayor parte de la presión social para un pacto que reforme el sistema electoral del país.

Los cuatro
Por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), asistieron su secretario general, Reinaldo Pared Pérez; el exvicepresidente Rafael Alburquerque, miembro del Comité Político, y César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y también miembro del CP.   Por  el Partido Revolucionario Moderno (PRM), acudió su presidente,  Andrés  Bautista, y el secretario general, Jesús Vásquez Martínez.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) estuvo representado por su presidente, Federico Antún Batlle, y el diputado Ramón Rogelio Genao, secretario general. Del Partido Revolucionario Dominicano (PRD),   los representantes fueron Salim Ibarra, titular del área jurídica, y el diputado Víctor Gómez Casanova, vocero de la entidad.

La exigencia de estas nuevas normas, separadas o integradas en un código electoral,  se hizo más fuerte luego de las elecciones del 15 de mayo, de las que surgieron múltiples denuncias de supuesto fraude, pero también de prácticas ilegítimas tanto en las primarias de los partidos como en la campaña por los cargos del ejecutivo, del Congreso y los ayuntamientos.

El presidente del CONEP, Rafael Blanco Canto, llegó a declarar que el sistema electoral “colapsó”.