Como si la saturación por radio, Internet y televisión fuera poca, los aspirantes a posiciones elegibles en el país intentan asegurar sus puestos mediante la ofensiva publicitaria en los espacios públicos, contaminando así el entorno y en desobediencia a las normas que rigen la materia.

Según la Ley Electoral, la fecha en la que los partidos políticos pueden empezar las campañas políticas es 90 días antes de la realización de los comicios- que con miras a las presidenciales, legislativas y municipales de 2016 sería el 15 de febrero –o cuando la Junta Central Electoral emita la proclama que llama a votación de manera oficial.

No obstante, los partidos políticos, sus candidatos y precandidatos desarrollan una agresiva competencia de promoción, que viene desde principios de este año, lo que viola, además, la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal figuran entre las localidades más saturadas con anuncios de aspiraciones para las votaciones venideras, que involucran más de 4,200 puestos.

Sin dinero para retirarlas

En junio de este año, la procuradora de Medio Ambiente, Francia Calderón Collado, instó a quienes tenían vallas de propaganda, tanto políticas como comerciales, a que las retiraran y advirtió que, de lo contrario, se exponían a ser sometidos a la Justicia.

Calderón hizo de conocimiento que el artículo 183 de la citada ley establece que cualquier delito ambiental conlleva sanciones desde un cuarto hasta 10,000 salarios mínimos, así como prisión de seis días hasta tres años.

A pesar de estas advertencias, los candidatos mantienen su propaganda e incluso han colocado mucha más.

La representante del Ministerio Público reveló a Metro que enfrenta limitaciones en la labor de retirar estos medios de promoción, a pesar de sus daños al medio ambiente.

“Nosotros retiramos varias propagandas en varias provincias, pero no las terminamos de quitar porque eso conlleva un gasto. Nos hemos reunido para organizarnos y retirarlas, porque no es tan fácil, así como se ve”, explicó.

Manifestó que es un trabajo que implica la participación de todas las instituciones relacionadas, tales como las alcaldías y el Ministerio de Obras Públicas. “Pero nosotros, como Ministerio Público, tampoco tenemos los recursos necesarios para hacer todo el trabajo, por eso lo hemos ido haciendo por parte, como podemos, mientras tanto”, insistió.

Dijo que muchos de los políticos a quienes se les retiraron sus vallas fueron a reclamar, pero que les explicaron la situación.
“Siempre dijimos que si había que someter a alguien lo haríamos”, destacó Calderón Collado, al referirse al cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente.

Otras sanciones penales

El artículo 183 de la Ley 64-00 establece sanciones para quienes incumplan las reglas, entre las que se encuentran:

• El decomiso de materias primas, herramientas, equipos, instrumentos, maquinarias, vehículos de transporte, así como productos o artículos.

• La obligación de indemnizar económicamente a las personas que hayan sufrido daños y perjuicios.

• La obligación de modificar o demoler las construcciones violatorias de disposiciones sobre protección, conservación y defensa del medio ambiente y los seres humanos.