La polémica por la eliminación del Fondo de Gestión Social, mejor conocido como “barrilito” aún es tema de conversación para distintos sectores, pese a que el pasado miércoles, los miembros del Senado decidieron suspenderlo por tres meses, hasta tanto finalice la campaña electoral.

La decisión de la cámara alta responde a la solicitud de la Junta Central Electoral (JCE), en virtud de que representa una competencia desigual para aquellos aspirantes que, por no pertenecer al Congreso, no lo reciben, y por tanto no pueden “hacer campaña a costa de ese fondo”.

Sin embargo, al dar a conocer la decisión del pleno del Senado, la presidenta subrayó que “acepto la solicitud, pero no así la disposición de la Junta Central Electoral de que sea suspendido el Fondo de Gestión Social por el proceso electoral”.

Con esta declaración, Lizardo recalcó que el Congreso es “soberano” y por tanto es el pleno el que tiene la facultad de decidir sobre este asunto, lo que resalta la incertidumbre sobre el verdadero deseo de los congresistas de eliminar este ingreso destinado a “ayudas sociales”.

Sobre las afirmaciones de la titular del Senado, el coordinador de Participación Ciudadana, Cándido Mercedes, aseguró que “la JCE sí tiene potestad, a la luz de los artículos 211 y 212 de la Constitución, para eliminar el barrilito, porque eso es inequidad; porque están compitiendo demasiado favorablemente, a favor de los senadores y los 32 se quieren relegir”.

Explicó que el barrilito “se lo inventó Reinaldo Pared Pérez cuando ganaron (el Partido de la Liberación Dominicana) (…) Eso es un negocio”.

Dijo que eso indica que la sociedad dominicana, desde el punto de vista institucional, deja mucho que desear con respecto a su avance en términos económicos.

El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, también calificó la medida como “positiva”, debido a que, según subrayó, “busca eliminar un privilegio que rompe con el principio democrático, toda vez que el uso de estos recursos, además de ser ilegal y no contar con ningún sustento jurídico, provee de una ventaja a los congresistas que buscan ser reelegidos en sus cargos de elección frente a los demás candidatos”.

De su lado, el aspirante a diputado de la Alianza por la Democracia (APD), en el Distrito Nacional, Miguel Alejandro Martínez, aseguró a través de su cuenta de Facebook que el barrilito promueve prácticas incompatibles con la democracia, por lo cual aboga por su “eliminación definitiva”.

“El uso de fondos para la asistencia social desde el Congreso suplanta las funciones de otras instituciones y promueve una cultura clientelista y de dependencia que atenta contra la imparcialidad del votante”.

En consonancia con el aspirante a diputado de APD, el coordinador de Participación Ciudadana expresó que el liderazgo no es para que la forma de relacionarse con los ciudadanos sea clientelar.

Dijo que esa es la razón por la cual se exige que un político tenga calidad, no solamente humana sino competencia. “Que sea un profesional idóneo, competitivo, para que pueda incidir y persuadir a su gente, en términos de políticas públicas y sociales; pero no es dando dinero”.

“Han destrozado moralmente a esta sociedad, de tal manera que ya la gente no se moviliza, hasta que no le den lo suyo”.

Destacó que eso es “destrucción moral. Desde que un ser humano recibe dinero de otro, ya se está degradando”.

Aseveró que el barrilito no se concibe legalmente. “No tiene legitimidad porque nadie lo aprueba y no es ético”, afirmó.

“Legisladores a legislar”

Cándido Mercedes destacó que los senadores no están para dar asistencia social.

“Ellos tienen todos estos años haciendo eso. ¿Ha disminuido la pobreza? ¿Ha mejorado la calidad de vida de los pobladores donde ellos dan dinero? No. Ellos están para hacer leyes, para fiscalizar. Ellos (senadores y diputados) no fiscalizan al Poder Ejecutivo en el ejercicio fiscal de cada año”, indicó el coordinador de Participación Ciudadana.

Manifestó que esa es la función de los legisladores. “Eso es lo que ellos tienen que hacer. No es dar dinero, o una ambulancia con la foto de ellos, o un plan odontológico con la foto de ellos (como hizo uno en estos días)”.

Enfatizó que el poder es para servir, y que funcionario, viene de funcionar. “Entonces el poder es para tú construir políticas públicas que ayuden a los ciudadanos en los territorios públicos”, subrayó.

Mercedes insistió en que cualquier ayuda que ofrece un  congresista lo hace “con el dinero de nosotros y eso es inequidad”.