El Senado envió ayer para su estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el proyecto de ley de Código Penal, aprobado en la Cámara de Diputados sin el artículo que despenaliza el aborto en tres causales de excepción.

Con esta decisión, tomada en la última sesión de la cámara alta en la presente legislatura, se extiende el encendido debate en torno a la interrupción del embarazo, ya que la pieza deberá ser conocida en el próximo período legislativo, que se inicia el próximo 16 de agosto.

El senador peledeísta por Santiago, Julio César Valentín,  justificó la medida, al resaltar las profundas diferencias y las consecuentes discusiones que genera, por un lado, la exigencia de grupos religiosos y conservadores de acogerse al mandato constitucional de respetar la vida desde la concepción y, por otro lado, la de los sectores feministas y liberales de proteger la vida de madres en peligro de muerte y la salud psicológica de embarazadas que han sido violadas o son víctimas de incesto. 

“No hay ninguna necesidad de precipitar temas que forzosamente van a generar debates a favor y en contra”, insistió Valentín.

El proyecto de nuevo código penaliza del aborto con de dos a tres años  de cárcel para la mujer y de cuatro a 10 años para el médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que realice o asista en la interrupción del embarazo.

También aumenta las penas máximas de 30 a 40 años  de cárcel, con acumulación de penas.