El aumento salarial de RD$70 mil que se aprobaron los senadores de la República haciendo alusión a la Ley 105-13, contraviene los artículos 5 y 28, orientados a conseguir igualdad de trato para todos los servidores públicos.

El 8 de agosto de 2013 el Ejecutivo promulgó la citada Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, creada a partir de la necesidad de establecer los criterios para una remuneración adecuada de todos los cargos del sector público.

Esa norma, en su artículo 5, establece los principios que deben regir cualquier acción que se realice con amparo en ella y el primero es el de equidad: “El  sistema  remunerativo  para  el  sector  público  está  enmarcado en los siguientes principios”, reza el artículo 5, para acontinuación establecer: “Principio de equidad. Principio general del derecho mediante el cual se establece la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en la presente ley de manera justa,  a  todos  los  servidores  públicos,  descartando  cualquier  excepción  de  manera  exclusiva en ella”, agrega el numeral 1.

De esta manera, la Ley se adelanta a esta acción unilateral de los senadores, lo que confirma más adelante con el artículo 28: “Queda prohibido realizar  reprogramaciones tendentes a aumentos salariales aislados”.

En su justificación, los miembros de la cámara alta indicaron que, para su aumento, consultaron al Ministerio de Administración Pública, órgano rector de esta ley, y que obtuvieron su visto bueno.

Precisamente, “el  Ministerio  de  la  Administración  Pública queda  facultado  para  revisar  cada  dos años  y  actualizar,  si  procede,  las  escalas  salariales establecidas de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, y  presentar  al  Presidente  de  la  República,  una  propuesta  de  ajuste  salarial,  tomando  en  cuenta  para  su  indexación,  la  tasa  de  in flación  correspondiente  publicada  por  el  Banco  Central”, según fija el artículo 17, en procura de la citada equidad.

El párrafo I de ese artículo indica que “el  Senado  de  la  República,  la  Cámara  de  Diputados,  el  Poder  Judicial  y  los  demás  órganos  y  entes  de  origen  constitucional,  así  como  los  entes  que  conforman  la  Administración local, revisarán y actualizarán los salarios de sus funcionarios y empleados”.

Pero desde su artículo 1, el texto  advierte que “esta ley tiene por objeto establecer el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano, con la finalidad de proporcionar una remuneración equitativa que sirva de estímulo a los servidores públicos para alcanzar, con niveles de rendimiento y productividad, los objetivos del Estado”.

Las sanciones para las violaciones a esta Ley figuran en el artículo 30 y siguientes: “Los  funcionarios  que  incumplan  las  incompatibilidades  y  prohibiciones  establecidas  en  esta  ley,  así  como  aquellos  que  den  un  mal  uso  a  los  gastos  de  representación  asignados,  serán  sancionados  con  la  pena  de  inhabilitación  para  el  desempeño  de  funciones  públicas  hasta  por  un  período  de  cinco  años”, ordena el 30.

Remuneraciones y sus jerarquías

Aquí la ley marca un principio fundamental, que establece que “la política salarial debe estar orientada al logro de competencias, motivación y compromiso por parte de los servidores públicos.

También establece un “principio de jerarquía salarial”: “Ningún servidor público (...) podrá devengar un salario mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado, de los órganos y entes de origen constitucional, de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo para la que labora”, tampoco un salario mayor al de su superior inmediato.

En cuanto a equidad agrega que: “las escalas salariales procurarán un salario igualitario para todos los funcionarios o empleados del mismo nivel, rango o característica”.

Escala de remuneración de la ley

El artículo 12 establece que la escala de remuneración de salario bruto máximo es: Presidente de la República, RD$450,000; presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, hasta RD$400,000; vicepresidente de la República, hasta RD$400,000; presidente del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral, hasta RD$375,000; presidente de la Cámara de Cuentas hasta  (RD$350,000); los ministros, el procurador  general, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el contralor de la República, hasta RD$300,000, y el defensor del pueblo, hasta RD$250,000.