El 18 de julio de 1994, la detonación de un coche bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) mató a 85 personas y dejó a más de 300 heridas. El ataque a la sede social de la que es la mayor comunidad judía en América Latina y la quinta más grande del mundo, constituye el mayor atentado en la historia de Argentina.

Fueron los fiscales Marcelo Martínez y Alberto Nisman quienes, luego de años de investigaciones, acusaron formalmente al gobierno de Irán de planificar el atentado, y de haber usado a la agrupación terrorista suní Hezbolá para su ejecución. Esto, debido a la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia tecnológica nuclear.

El 14 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman interrumpió sus vacaciones para volver a Buenos Aires y denunciar a Cristina Fernández, entonces presidenta de Argentina, y al canciller Héctor Timerman, entre otras personas, por “negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía”.

Según el fiscal, en el marco del acuerdo entre Argentina e Irán y en el que se creó la Comisión de Verdad destinada a investigar el atentado de 1994, Cristina se comunicó indirectamente con las autoridades iraníes para acordar el encubrimiento de la participación iraní. Esto, basado en intercepciones de comunicaciones telefónicas.

Nisman fue convocado por el Congreso para que diera detalles sobre la denuncia, pero un día antes Alberto Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en su domicilio.

Aquí empieza una maraña de denuncias, aclaraciones e interrupciones que sigue hasta el día de hoy. Si el periodista Jorge Lanata decía en marzo del año pasado, en conversación con Metro, que “realmente no hay todavía elementos para pensar en que fue asesinado, aun cuando hay muchas cosas que no cierran”, a un año del hecho la situación no ha variado de forma concluyente, a pesar de que hay voces populares que culpan directamente a Cristina Fernández. “Ella tiene responsabilidad política”, decía Lanata.

Las pruebas encontradas han confirmado y refutado una y otra vez si el fiscal fue asesinado o si se suicidó. El caso se ha transformado en uno de los más emblemáticos del último tiempo, debido a que involucraba directamente a la presidenta de la nación.

La propia Cristina se contradijo, según iban apareciendo nuevas versiones del caso. Y el hecho de que la escena del crimen haya sido intervenida aparece como central en la dilatación de la investigación, a pesar de que para Gabriel Puricelli, analista del laboratorio de Políticas Públicas de Buenos Aires, todo estaría dentro del plazo normal argentino. “Para tener resultados es fundamental no alterar la escena del crimen.

En este caso, desde sus inicios hubo funcionarios del poder ejecutivo, y eso que quede claro porque no fue gente relacionada con el poder judicial, sino que gente del ejecutivo que contaminó la escena del crimen”, dice Puricelli. “Sin juzgar si hubo intención de encubrimiento por parte de ellos, esto ha interrumpido el trabajo de las instituciones forenses”.

El gatopardismo del gobierno

Mauricio Macri, pocos días antes del aniversario de la muerte del fiscal, anunció que desclasificaría todos los archivos que haya y que tengan relación con el caso. Algo que para Puricelli no debería aportar nada nuevo. “El gobierno anterior ya había anunciado que liberaría archivos clasificados sobre el caso Amia.

De todas formas, la medida del gobierno de Macri es correcta, trasparente y bienvenida, pero soy escéptico en cuanto pueda aportar para que la investigación avance. De cualquier forma, esto no compensa el hecho de que la escena del crimen haya sido intervenida”, dice Puricelli.  

A estas alturas, hay escepticismo con lo que pueda concluirse. “Ni creo que los archivos desclasificados vayan a aportar algo nuevo y relevante, ni tampoco veo voluntad de las autoridades para desarrollar una nueva política en inteligencia basada en las competencias de quienes lideran, sino que veo que se continúa con la idea del amiguísimo, siempre ligado a los intereses personales del presidente”, dice Puricelli.

Las últimas informaciones que se manejan en relación con el caso, es que el exespía Jaime Stiuso, quien está en Estados Unidos, querría volver para declarar en el caso y en otros que se le inculpan luego de que su verdadera identidad fue revelada. Solo cabe esperar a saber cuánto, y con qué, está dispuesto Stiuso a aportar, para que de una vez se resuelva este caso digno de serie de televisión.