El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional un acuerdo firmado el 20 de enero por el que se otorgaban garantías y privilegios al personal militar estadounidense temporal en el país que lleva a cabo tareas humanitarias o de cooperación, informó hoy la corte.

El acuerdo otorgaba al personal de Estados Unidos que estuviera presente en la República Dominicana, "en el marco del acuerdo", privilegios e inmunidades equivalentes a las otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática.

Además permitía que el personal de Estados Unidos pudiera entrar y salir de la República Dominicana con identificación emitida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y con órdenes de viaje individuales o de movimiento colectivo.

En la sentencia, difundida por el alto tribunal en su página web, se señala que el acuerdo estudiado "podría poner en riesgo la integridad del Estado dominicano, pues en él se da cabida a condiciones imprecisas e ilimitadas que, eventualmente, podrían contradecir el ordenamiento constitucional y la seguridad nacional".

Para la alta corte, "resulta previsible el riesgo para la soberanía y la seguridad de la nación dominicana y, consecuentemente, para el ordenamiento constitucional que tutela esos y otros principios, cuyo resguardo forma parte de las atribuciones fundamentales del Tribunal Constitucional".

Dichas "condiciones", agrega, se podrían presentar, entre otras, en la posibilidad de que se introduzcan, usen y porten armas en el territorio nacional, "sin que ello responda a intereses nacionales derivados de la cooperación o asistencia militar en objetivos estratégicos -como la lucha contra el terrorismo, la asistencia contra el narcotráfico, por ejemplo-".

Al tribunal también le "llama la atención" la exención que el acuerdo propone a favor de las embarcaciones y aeronaves estadounidenses, a los fines de que puedan transitar sin ser revisadas o inspeccionadas por las autoridades nacionales.

Todo ello, apunta, "contraría la independencia y autonomía que tienen las Fuerzas Armadas de la República Dominicana para velar por la seguridad e interés de la Nación".

El acuerdo estudiado, dictamina, contiene aspectos esenciales que "no se ajustan a la Constitución de la República Dominicana".

El tratado firmado por el embajador en el país, James Brewster, y el ministro dominicano de Asuntos Exteriores, Andrés Navarro, también establecía que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el personal estadounidense no estarían sujetos al pago de ningún impuesto o cargo similar estipulado en la República Dominicana.

Además contemplaba que el Departamento de Defensa y el personal de Estados Unidos podían "importar, exportar, y usar en la República Dominicana cualquier propiedad personal, aparatos, suministros, provisiones, tecnología, capacitación o servicios en relación con sus actividades en virtud del acuerdo".