La juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Patricia Padilla dictaminó la apertura de juicio de fondo contra los trabajadores la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) que formaban parte de una supuesta mafia que operaba en la entidad.

Los acusados son Alejandro de los Santos, Joel Soriano, Julio Rafael Pérez Alejo, apodado como "el hombre del maletín", y Juan Ernesto Romero Pérez.

La actividad ilícita del grupo llevó al arquitecto David Rodríguez García a suicidarse en el baño de las oficinas de la institución, disparándose en la cabeza, y a raíz de este hecho se detectaron las irregularidades en las que se fundamenta el caso.

El fallecido dejó una nota en la que acusaba de extorsión a los imputados, quienes lo presionaban para que tomara créditos después de haber ganado un concurso de adjudicación para remodelar una escuela básica en Peralvillo, Monte Plata.

Tras haber escuchado en una audiencia anterior las conclusiones del ministerio público, de la defensa de los imputados y de los abogados constituidos en actores civiles, la magistrada emitió el veredicto.

Su dictamen determina que los imputados Soriano Fabián, De los Santos y Pérez Alejo permanecerán en prisión, mientras que Romero Pérez seguirá en libertad mientras se lleva a cabo el proceso.

Según la jueza, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha presentado elementos de prueba suficientes para abrir juicio de fondo, de modo que ahora la presidencia de la Cámaras Penales elegirá mediante sorteo que tribunal será apoderado del caso.