Fue el 31 de diciembre de 1961, mediante la Ley Número 5778, cuando la Universidad de Santo Domingo se consagró como autónoma. Para la época era la casa de altos estudios que acogía a todos y todas los jóvenes dominicanos que deseaban cursar una carrera profesional en el país.

También fue escenario, y muchas veces víctima, de los más grandes acontecimientos que marcaron la República Dominicana, desde 1438 a la fecha. Sin embargo, la UASD, no siempre ha podido superar los obstáculos que ha encontrado en este recorrido de casi cinco siglos, muchos de ellos interpuestos por la falta de cumplimiento de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Esa pieza legislativa otorga a la universidad estatal ciertas prerrogativas que a través de los años se han ido alejando de esa academia hasta colocarse a una distancia tan amplia que no le permite lograr su desempeño óptimo.

Aseveración que puede comprobarse, por ejemplo, cada año cuando los estudiantes deben inscribir el curso de verano y las autoridades universitarias, revelan que la institución de educación superior más antigua del Nuevo Mundo no posee el presupuesto necesario para garantizar la cobertura económica de las asignaturas pautadas para ser impartidas durante ese período, habilitado para permitir a los alumnos cursar hasta tres materias, aunque con un incrementado de más de un 500%, con respecto al precio que pagan por las asignaturas en los semestres regulares.

Hace “rejuego” para recaudar fondos.

El incremento en el costo de las materias a ser cursadas en el verano es un mecanismo de la universidad para recibir mayores recursos y así completar el pago de los profesores que imparten docencia en este período, quienes dejan de tomar sus vacaciones para impartir docencia, a pesar de que deben completar en ocho semanas un programa de clase diseñado para ser impartido en al menos cuatro meses.

Así las autoridades de la universidad han tratado de recaudar los fondos necesarios para garantizar que los estudiantes que tiene la alta casa de estudios no tengan que interrumpir el curso de su carrera a mitad de año, afectados por la falta de aplicación de la Ley 5778 de 1961, y hasta la fecha sin cumplir, que en su artículo 2 establece que el “Estado dedicará anualmente para el financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un subsidio que no será inferior al cinco por ciento del Presupuesto Nacional”.

Y la ecuación es muy fácil, la UASD tiene 188 mil 577 estudiantes, tres mil 96 profesores y este año recibirá un presupuesto de siete mil millones de pesos, de aprobarse como está consignado el proyecto de Presupuesto Nacional.

De ese monto una gran parte se va en el pago a empleados y maestros, mientras que el resto deberá ser repartido entre los alumnos que deben inscribir todas las asignaturas que tienen que cursar en el 2016, incluidos aquellos que semestre tras semestre deciden transferirse a otra universidad, debido a que los horarios de clase que ofrece la UASD no les permite tener un trabajo a tiempo completo y estudiar.

Ese es el caso de Yaster Estévez, quien tuvo que concluir la licenciatura en contabilidad en una universidad privada, luego de cursar un semestre en la Primada de América.

Narra que tuvo que desertar de la universidad estatal para poder estudiar y trabajar de forma paralela.

Afirma que prefirió pagar una matrícula más cara en una casa de estudios privada para poder graduarse en el tiempo estipulado, ya que de quedarse en la UASD debía inscribir materias en distintos horarios, lo que no era compatible con su empleo.

El anhelado presupuesto.

Pero los inconvenientes de horarios no son los únicos obstáculos que enfrentan los estudiantes de la UASD. Hay que señalar, los serios problemas generados a raíz de la distribución del presupuesto que le corresponde a esa academia. La universidad no recibe el monto que debería recibir.

De acuerdo con la Ley 139-01, le corresponde una asignación de un 5% del Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos.

Sin embargo, esa disposición nunca ha sido posible concretarla, contrario a otras contenidas en la misma ley que son cumplidas cabalmente, como la concesión que debe hacer el Estado a las universidades privadas.

Según la pieza legislativa, el Estado está obligado a colaborar con la financiación de las universidades privadas, por lo que además de cobrar altas sumas de dinero por la matrícula de los estudiantes, a diferencia de la UASD que tiene los créditos a seis pesos, esos centros educativos  son beneficiado con fondos estatales.

Habría que preguntar si es esto justo, cuando es sabido que en la universidad un estudiante puede hacer una carrera profesional sin tener que invertir muchos recursos, mientras que en una privada, regularmente un crédito cuesta entre 1,000 y 3, 000 mil pesos.

Falta investigación.

Pero el único problema no es la asignación presupuestaria. Según la misma ley “las instituciones de educación superior (como la UASD) son todas aquellas que ofrecen formación profesional o académica, posterior al nivel medio establecido en la ley 66/97.

“Son entidades que reúnen a funcionarios, profesores, estudiantes, empleados y egresados en la tarea de búsqueda y construcción del conocimiento, así como la de creación de conciencia sobre las necesidades esenciales de la sociedad, encaminando las investigaciones y sus resultados a la solución de los problemas del pueblo dominicano como medio para elevar la calidad de vida de la población”.

Agrega, en su artículo 32, que el Estado posibilitará la realización de investigaciones relevantes a las necesidades nacionales. Sin embargo, la realidad es otra.

Son muy pocas las investigaciones que en materia científica hace la universidad, y no porque no cuente con profesionales preparados, sino porque para ejecutar una investigación de amplio alcance se necesitan recursos, lo que menos tiene la UASD.

La falta de un presupuesto adecuado impide a la universidad invertir en la calidad de la educación que ofrece a los miles de dominicanos que en su mayoría acuden a sus aulas, además de la alta valoración con que cuenta en esa institución educativa, por no poseer los recursos económicos necesarios para costear una carrera profesional en otro centro de estudios profesionales.

Pero es la deficiencia de muchos docentes, la situación de los estudiantes y el mal manejo que da la universidad a los recursos que percibe, el obstáculo que, sin lugar a dudas, le impide avanzar para convertirse en referente de la educación superior en República Dominicana.