El senador por Santiago, Julio César Valentín, negó hoy cualquier vinculación con la fuga de los dos pilotos franceses, condenados en el país por narcotráfico, como denunció el pasado martes el movimiento Integración Popular.

En una rueda de prensa, el senador peledeísta calificó de "infamia" la acusación en su contra y pidió una investigación.

"Estoy de acuerdo con que se investigue mi caso o cualquier otro caso porque creo en que debe resplandecer siempre la verdad, y que se muestre que esto no es más que una infamia", dijo.

El presidente de Integración Popular, Angel Bidó, sostuvo el pasado martes que Valentín y otros senadores, que no identificó, se habrían reunido con el eurodiputado del ultraderechista Frente Nacional Aymeric Chauprade, que presuntamente organizó la huida de los pilotos Pascal Jean Fauret y Bruno Odos, quienes habían sido condenados en el país a 20 años en primera instancia.

Valentín negó que se haya reunido con Chauprade, si bien reveló que se reunió con el senador francés Olivier Cadic, a solicitud de la embajada de Francia en la República Dominicana.

En el encuentro, en el que participó el diputado Víctor Sánchez, Cadic planteó la situación de los franceses, que todavía permanecían en territorio dominicano, pero Valentín aseguró que "inmediatamente tocó el tema" tanto él como Sánchez le aclararon que en República Dominicana, al igual que Francia, hay división de los poderes y que el Congreso Nacional "no interviene con los asuntos judiciales".

Fauret y Odos fueron arrestados junto a otros dos franceses en el aeropuerto de Punta Cana en marzo de 2013 cuando se disponían a despegar con rumbo a Saint-Tropez (Francia) en un Falcon en el que las autoridades dominicanas hallaron 700 kilogramos de cocaína, valorados en unos 33 millones de dólares.

Pese a que los pilotos aseguraron desconocer el contenido de las 26 maletas que transportaban, el Primer Tribunal colegiado del Distrito Nacional los declaró culpables de asociación para cometer el crimen de narcotráfico internacional y les condenó a 20 años de cárcel.

La condena fue apelada por sus abogados, por lo que los condenados no entraron a prisión, pero tenían prohibido abandonar el país.