Participación Ciudadana PC, movimiento cívico no partidista, presentó este miiércoles el informe  “Condiciones de Trabajo de la Policía Nacional  en los Destacamentos del Corredor Duarte y 18 barrios de la Zona Norte del Distrito Nacional”, donde presenta las condiciones en la que los agentes policiales desempeñan sus funciones.

En el trabajo abarcó 50 destacamentos ubicados en comunidades urbanas y rurales de las provincias de Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata y el Distrito Nacional y se revela la precariedad tecnológica de los destacamentos, especialmente en las provincias de San Francisco de Macorís y Bonao, muchas de sus unidades operan sin radio ni teléfono. 

Solo el 36% de los 50 destacamentos dispone de una computadora para registrar las denuncias de los ciudadanos. Los medios para el patrullaje, el 27 % de los destacamentos visitados en el Gran Santo Domingo no posee  los  equipos motorizados, de igual manera que el 50% en San Francisco de Macorís y el 75% de las unidades visitadas en Bonao, todos sus agentes patrullan a pie. 

Durante tres días, varios equipos de trabajo de Participación Ciudadana, visitaron 50 destacamentos ubicados en comunidades urbanas y rurales de las provincias de Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata y el Distrito Nacional, algunos de los cuales ya fueron observados en 2013 en el marco del Proyecto.      

Mala infraestructura

Otro de los hallazgos del estudio es la falta de acopio regular de información y soporte documental de las actuaciones que realizan los agentes policiales. PC denuncia que este predominio de la oralidad y la informalidad  en el día a día de los destacamentos genera gran desprotección en la ciudadanía frente al ejercicio de la autoridad y es  incompatible con las garantías de un Estado de Derecho. 

La ausencia de supervisión  pública de los estándares de calidad de las edificaciones policiales ha generado un escenario de destacamentos “autoconstruidos” dependientes de las donaciones de empresarios y “redes de amigos” para el mantenimiento  regular de sus instalaciones y equipos.  La falta de espacio para los bienes incautados  y el normal desempeño de las funciones policiales es otra de las graves deficiencias observadas, a las que se unen techos de zinc y madera en  algunos destacamentos o  la presencia común de humedades y grietas.  El 40% de los destacamentos no tiene agua y solo el 32% de ellos disfruta de un servicio regular de luz las 24 horas del día, según indica el informe.

Pésimas condiciones económicas

Con respecto a las condiciones económicas, los cerca de  15,000 rasos y cabos desplegados en el territorio nacional reciben  8,000 (175 USD) y 7,000 (153USD) pesos mensuales, la categoría salarial nacional más baja de la República  Dominicana. Las instalaciones destinadas a las áreas de descanso del personal policial son las que muestran las mayores precariedades: No reunen las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad.

Recomendaciones

A partir de los resultados del diagnóstico,  se presentaron las 10 recomendaciones para que los destacamentos policiales sean unidades eficaces, eficientes y democráticas en la política de seguridad ciudadana de la República Dominicana.

  • Elaborar un plan  estructural de reforma  integral para unificar y estandarizar  la construcción de los destacamentos.
  • Dignificar la profesión policial  mejorando las condiciones salariales de los agentes  y las áreas en las que realizan su trabajo,  para que estas sean espacios de vida y descanso  dignos, decentes y salubres.
  • Racionalizar la distribución de los recursos humanos destinados a las labores de prevención con equipos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
  • Fortalecer  los protocolos de investigación  y dirección estratégica en los destacamentos para limitar la discrecionalidad, la falta de colaboración y  construir el mapa  histórico delincuencial a nivel local.
  • Modernizar la plataforma tecnológica para que los destacamentos sean unidades coordinadas y no dejen desatendidos a los  ciudadanos en situaciones de emergencia.
  • Institucionalizar  el registro, documentación y certificación de todas las actuaciones de los agentes policiales en los destacamentos.   
  • Acondicionar los destacamentos con mobiliario adecuado para el almacenaje de los expedientes policiales en condiciones de seguridad y confidencialidad.
  • Convertir los destacamentos en verdaderos centros de proximidad que presten asistencia inmediata y den testimonio público en el mismo momento en que se presenta la denuncia para evitar la  revictimización  del ciudadano.
  • Adaptar con  carácter de urgencia los centros de detención preventiva  para que sus condiciones sean  compatibles con el trato humanitario y el respeto a los derechos humanos en un Estado Democrático.
  • Restringir la detención privativa de libertad a los casos excepcionales que resulten de la investigación criminal y  no como actuaciones administrativas rutinarias de control del orden público. Las redadas  criminalizan y estereotipan a la población de los barrios más carenciados.