El presidente Vladimir Putin ordenó revocar la firma de Rusia en el Estatuto de Roma, la base legal que creó la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998.

Según un documento publicado por la página oficial del Gobierno, Putin ordenó “aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción para informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.

“La decisión de Rusia de no participar del Estatuto de la CPI, o en otras palabras, de revocar la firma de este documento, implica consecuencias jurídicas previstas por la Convención de Viena sobre los tratados internacionales de 1969”, señala la nota.

A partir de esta resolución –que entra en vigor este mismo miércoles– Rusia queda fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, domiciliada en La Haya, y cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de guerra, de agresión, genocidio y de lesa humanidad. Este tribunal es distinto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que depende de Naciones Unidas.

“En 14 años de funcionamiento la CPI ha dictado sólo cuatro sentencias y ha gastado más de mil millones de dólares. Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio”, dijo la Cancillería rusa.

Rusia firmó el Estatuto de Roma en el año 2000, pero nunca lo ratificó, como sí hicieron otros 123 Estados, con las notables excepciones de Estados Unidos, China o Israel.

Con su decisión de revocar su firma del documento, ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado La Haya por crímenes de guerra o genocidio, a menos que haya una resolución al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Rusia tiene derecho a veto.