La cuota de participación de un género específico puede resultar discriminatorio y contraproducente para garantizar la igualdad.

El sistema de cuota de participación electoral de las mujeres establecido en nuestra normativa es de aplicación rígida.

Esa falta de flexibilidad opera en contra del principio igualitario al poner un límite mínimo que se convierte en un tope máximo en la práctica.

Las mujeres merecen, al igual que los hombres, aspirar hasta al ciento por ciento de los puestos electivos. Así que la norma para el establecimiento de cuotas debería colocar un mínimo para cualquiera de los sexos. Eso sería verdadera igualdad.  

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