Las clínicas Integral I, II, III de Santo Domingo Este fueron cerradas el pasado miércoles por la presunta vinculación a una supuesta red de tráfico de órganos. El allanamiento realizado por la fiscalía de la provincia tuvo una enorme repercusión mediática por la delicadeza del tema, la naturaleza de los centros intervenidos y la aparatosidad de la ejecución.

Las consecuencias inmediatas del hecho presentaron un perfil negativo en la ejecución jurídica y en la dimensión humana.

Los juristas consultados consideraron que la ejecución del procedimiento de intervención desconoció el debido proceso al no realizar la notificación previa donde se hiciera constar la motivación de la medida; al hacer pública una investigación en fase preparatoria; y al ordenar el cierre de los centros, fuera de horario permitido, sin la orden de un juez competente.

La búsqueda de la autorización para la intervención estuvo al parecer sustentada únicamente en los indicios aportados por uno de los sospechosos del rapto y posterior asesinato de la niña. El excesivo celo en el cumplimiento de sus responsabilidades, o quizá la superficial inclinación al brillo mediático, llevaron a la fiscalía a actuar de manera precipitada sin antes corroborar la información a través de una investigación profesional.

La Ley General de Salud faculta a las autoridades del sector para conocer e investigar infracciones sanitarias actuando por propia iniciativa o como auxiliar por requerimiento del Ministerio Público; pero esta actuación subsidiaria del Misterio de Salud Pública debe siempre estar precedida por una investigación de los hechos denunciados para verificarlos o desestimarlos antes de poner en movimiento la acción pública. La actuación ciega del Ministerio de Salud, sin duda, avaló la “leyenda urbana” de tráfico de órganos descartada por todas las fuentes autorizadas del país.

Las consecuencias negativas en la dimensión humana tienen su efecto en el sufrimiento de los pacientes. El cierre extemporáneo e injustificado de las consultas y los servicios de emergencia pusieron en riesgo la integridad física de cientos de ciudadanos. El daño causado a la imagen profesional de los médicos y las clínicas, por el indiscriminado manto de sospecha que queda, es otra indeseable consecuencia de la actuación precipitada.

El levantamiento de la medida mediante un mensaje por las redes sociales es una tímida e insuficiente admisión del error procedimental. La sociedad requiere de una explicación responsable del Ministerio Público, porque no puede quedar resarcido un daño real a través de una rectificación virtual.