El presidente Danilo Medina ha solicitado al Senado de la República que le autorice a declarar el Estado de Emergencia en 14 provincias afectadas por las lluvias, “a fin de que el gobierno pueda contar con las facultades extraordinarias” para enfrentar los cuantiosos daños en vidas, viviendas, estructuras viables y cosechas en estas demarcaciones.  Dicho en otras palabras, el presidente Medina está persiguiendo obtener más poderes apelando al sentimiento de solidaridad nacional ante la dramática situación que viven estas provincias, para ejercer actuaciones fuera del marco ordinario comprendido en la Constitución para circunstancias normales.

Ciertamente, la actual Constitución prevé tres tipos de Estados excepcionales, que deben ser declarados por el Congreso Nacional: a) Estado de defensa, en caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas (Art. 263; b) Estado de conmoción, en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana (Art. 264); y c) Estado de emergencia, cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituyan calamidad pública (Art. 265). Esto último es lo que ha solicitado el presidente Medina.

Ningún dominicano de buena voluntad pone en duda la situación dramática que viven los habitantes de estas 14 provincias luego de las fuertes lluvias que desnudaron las debilidades y las miserias estructurales e institucionales de los últimos años. Pero, la pregunta es: ¿es la solución al drama que viven estas 14 provincias darle más poder al Presidente?

La respuesta es clara y precisa: Por supuesto que no. Ni siquiera cuando el huracán “David”, cuya furia causó estragos en todo el territorio nacional, se le otorgaron poderes extraordinarios al entonces presidente, a pesar de que, al igual que ocurre ahora, el partido oficial tenía mayoría en el Congreso. El presidente Guzmán reconstruyó las zonas afectadas con la unión de todos, pero sometido a la fiscalización del Congreso y de los órganos de control del país.

¿Qué se oculta detrás de esta solicitud de poderes extraordinarios al presidente Danilo Medina? ¿Será usar los recursos del Estado sin ningún tipo de control, ni estar fiscalizado por quienes deben fiscalizarlo?¿Será hacer obras y construcciones sin cumplir con la ley de compras gubernamentales?¿Sin transparencia?

La solución es, tal como han dicho especialistas en la materia, presentar un proyecto de modificación a la Ley de Presupuesto de 2017 para asignar fondos a las provincias afectadas, siguiendo el mecanismo constitucional, que fue precisamente lo que el PLD rechazó hacer originalmente.

Por ello, concluyo que la solución no es más poderes al presidente, sino la solución es que el gobierno atienda la dramática situación que viven las 14 provincias, sometido a la legalidad.