Apreciado general  Percival : a pesar de haber tenido la dicha de  conocerlo y tratarlo, no he tenido esa misma oportunidad respecto a su hijo en relación a quien, y a propósito de los graves hechos penales que se le atribuyen, usted ha reaccionado lamentando que no exista aquí la pena de muerte para que le sea aplicada justificando esta opinión en el hecho de que “ha corrido la sangre”.

Le manifesté en privado mi sincera solidaridad por la grave circunstancia que atraviesa en su condición de padre y de hombre comprometido con el bien. Ahora le digo públicamente que no comparto sus expresiones y criterios sobre la pena a imponer a su vástago ni a ningún otro  humano.

Yo, como padre, comprendo su dolor y espero que su reacción no sea sino una manifestación emocional producto del grave momento que vive.

 Usted que es una persona de pensamiento jurídico, cegado, tal vez, por la decepción que en un hombre de su estirpe produce una conducta como la que le endilgan a su hijo olvida,  al opinar así, dos principios universales del derecho: la presunción de inocencia.

Ni usted ni yo ni los medios de comunicación podemos juzgar ni condenar a nadie.

Parafraseando al papa Francisco me pregunto quiénes somos nosotros para atribuirnos esa facultad; y la inviolabilidad de la vida, valor humano supremo acogido en nuestro ordenamiento constitucional en la reforma de 1924 con lo que la pena de muerte quedo extirpada de nuestra legislación.

La pena de muerte es una institución en decadencia. En Europa  sobrevive en Bielorrusia,  en América en EE.UU y Cuba  y en América Latina solo en Cuba. Matar un condenado es admitir el fracaso del sistema penitenciario y la capacidad del Estado para regenerar a la gente.

La vida es un bien defendible en todas las circunstancias.

Ud. sabe General que a estos policías nuestros no se les puede abrir camino a la muerte, pues ya sabemos que no son alérgicos a la sangre. La pena de muerte no es una opción