Tres meses de coerción para hombre que vendió dos vehículos robados

Por EFE

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre imputado por estafar a dos personas, a las que vendió vehículos rentados como si fuese el propietario.

La Fiscalía informó, en un comunicado, de que se trata de Anyelo Antonio Gómez Méndez, que deberá cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional La Victoria, según la disposición de la jueza Evelyn Rodríguez.

Mientras que las víctimas del fraude fueron identificadas como Napoleón Guzmán y Rosanna Santos Jiménez.

La instancia precisa que el modus operandi del imputado era publicar la venta de los vehículos sustraídos en el sitio web www.corotos.com.do, a través del cual las víctimas obtuvieron el contacto del estafador.

En julio del 2017, valiéndose de la falsa calidad de propietario, el imputado vendió al señor Napoleón Guzmán un vehículo marca Honda modelo CR-V, año 1997 por la suma de 175,000 pesos.

Posteriormente, en agosto, mientras la víctima se desplazaba por las inmediaciones del Km 12 de Haina en el vehículo comprado al imputado, unos agentes policiales procedieron a su detención y a la retención del automóvil, reportado como robado en la ciudad de Santiago por la Ingri Rodríguez, que se lo había alquilado a Gómez Méndez.

La fiscal López expuso en audiencia que antes de este suceso el imputado y un sujeto hasta el momento no identificado, fingieron ser dueños de un vehículo Honda modelo CR-V 4X2, año 2003, y se lo vendieron a Rosanna Santos Jiménez por la suma de 290,000 pesos.

Cuando la víctima procedió transferir el citado vehículo a su nombre, en julio 2017, se dirigió a las oficinas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde le informaron que estaba suplantada la cédula que le había entregado el imputado.

Más tarde, varios agentes policiales y tres representantes de establecimiento Richard Hernández y Asociados se presentaron en la residencia de la señora, indicándole que el referido automóvil había sido rentado por el imputado en dicho establecimiento y que había desaparecido con el mismo.

El Ministerio Público le otorgó al caso la calificación jurídica de estafa y falsificación de documentos, delitos por los que el imputado deberá cumplir medida de coerción en la Penitenciaría Nacional La Victoria.

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