Retórica del odio desde el poder golpea los derechos humanos

El nuevo informe de Amnistía Internacional señala que los discursos de odio de jefes de estado han disparado la intolerancia, pero también ha incrementado la lucha por esos derechos

Por David Cordero

Si bien se espera de los estados que manejen un discurso de inclusión y que eso se vea reflejado en sus políticas públicas e implementación de derechos civiles y humanos, el pasado año 2017 se caracterizó precisamente por lo contrario, concluyó la organización Amnistía Internacional (AI).

“El año pasado, con el mundo sumido en crisis, líderes prominentes nos ofrecieron la visión dantesca de una sociedad cegada por el odio y el miedo”, afirmó Salil Shetty, secretario general de AI, en declaraciones escritas. Sin embargo, Shetty enfatizó en que “esta situación envalentonó a quienes promueven la intolerancia, pero motivó a muchas más personas para luchar por un futuro más esperanzador”.

En su informe del año 2017-2018 “La situación de los derechos humanos en el mundo”, que abarca 159 países, AI presenta un análisis exhaustivo del estado actual de los derechos humanos en el mundo y aunque señala retrocesos, hace hincapié en la lucha de miles a favor de esos derechos.

“La población sigue haciendo exigencias de sus derechos humanos y se han ido movilizando a nivel internacional, en diferentes países, multitudinariamente, exigiendo que se respeten esos derechos humanos”, apuntó Liza M. Gallardo-Martín, directora ejecutiva de AI en Puerto Rico.

Puerto Rico y el huracán María 

Amnistía Internacional resalta en esta edición el recrudecimiento de la crisis humanitaria a consecuencia del huracán María y la lenta respuesta de las autoridades para atender la emergencia. Además, hace señalamientos de retroceso en protecciones a la libertad de expresión, protección de las personas transgénero y sobre todo, cómo las medidas de austeridad ponen en peligro los derechos humanos de los residentes de la Isla.

El informe también apunta a la crisis financiera de Puerto Rico, como consecuencia de su enorme deuda externa, de más de $70,000 millones y a que la Junta de Supervisión Fiscal, creada por las autoridades estadounidenses en 2016, implementó varias medidas de austeridad a lo largo del año que tendrían efectos adversos en derechos.

“Esas medidas podrían tener consecuencias negativas para los derechos humanos, en especial para el acceso a la atención médica, la vivienda, la educación y el empleo. El 9 de enero, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos expresó públicamente su preocupación por los efectos adversos que podrían tener las nuevas medidas de austeridad”, lee el documento.

Venezuela al tope del retroceso en América Latina

La organización internacional concluyó que el pasado año estuvo marcado por las crecientes protestas públicas provocadas por el aumento de la inflación y la escasez de alimentos y suministros médicos en Venezuela.

Entre abril y julio en particular, se celebraron manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del gobierno en varias zonas del país, pero el derecho de reunión pacífica no estaba garantizado.

Según datos oficiales, al menos 120 personas perdieron la vida y más de 1,177 resultaron heridas —entre ellas manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes— durante las protestas multitudinarias. También hubo informes de la Fiscalía General de la República sobre grupos de personas armadas, con el apoyo del gobierno, que habían llevado a cabo acciones violentas contra manifestantes.

Según la ONG local Foro Penal Venezolano, en el contexto de las protestas se detuvo a 5,341 personas, de las cuales se juzgó a 822. A 726 de ellas –que eran civiles— se las sometió a jurisdicción militar y se las acusó de delitos militares por manifestarse contra el gobierno. Al terminar el año 2017 permanecían recluidas en espera de juicio 216 personas.

“El año pasado, con el mundo sumido en crisis, líderes prominentes nos ofrecieron la visión dantesca de una sociedad cegada por el odio y el miedo”
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internaciona

Asimismo, según AI, en enero el gobierno reanudó su programa de seguridad pública, previamente llamado Operación Liberación del Pueblo, con el nuevo nombre de Operación Liberación Humanista del Pueblo, pero siguieron recibiéndose noticias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad. En el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar entre abril y julio, el gobierno anunció la activación del “Plan Zamora”, cuyo objetivo era “garantizar el funcionamiento [del] país [y] su seguridad” mediante la movilización de civiles junto con fuerzas policiales y del ejército para “[defender] el orden interno”. Sin embargo, los detalles del plan no se habían hecho públicos.

42.583 homicidios se registraron en México el año pasado y 34,656 personas permanecen desaparecidas.

Se agrava la situación en México 

Por otro lado, la crisis de derechos humanos en México se agravó por el aumento de la violencia y los homicidios, con una cifra sin precedentes de homicidios de periodistas. Las detenciones y reclusiones arbitrarias siguen siendo generalizadas y a menudo dan lugar a otras violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales no se investigan debidamente, según el informe.

“El nuevo sistema de justicia penal adversarial, plenamente en vigor desde junio de 2016, sigue reproduciendo los problemas del antiguo sistema inquisitivo, entre ellos la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos y otras pruebas ilícitas”, apuntó la organización.

En México produjo un incremento significativo del número de homicidios, con 42,583 registrados en todo el país. Se trata de la cifra anual de homicidios más alta registrada por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial actual, en diciembre de 2012. La cifra real podía ser más alta, señala el informe, ya que algunos crímenes no se denuncian a la policía.

Asimismo, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República reportó 4,390 casos de tortura en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial.
Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales siguen siendo práctica habitual, según la investigación de AI, y los responsables siguen gozando de una impunidad casi absoluta.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, indicó que siguen sin esclarecerse el paradero de 34,656 personas (25,682 hombres y 8,974 mujeres). Las cifras reales son más altas, porque la cifra oficial excluye los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas.

El informe también enfatizó en el peligro que corren los inmigrantes y refugiados. Entre enero y agosto se presentaron un total de 8,703 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 2016. El porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de refugiado se redujo; pasó del 35% en 2016 al 12% en 2017. La mayoría de las solicitudes de asilo correspondían a personas refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de Honduras y Venezuela. Entre enero y noviembre, 88.741 personas migrantes en situación irregular fueron detenidas y 74,604 fueron deportadas, en la mayoría de los casos sin la posibilidad de impugnar su deportación.

De las personas deportadas, un 94% procedían de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que habían registrado algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo en años anteriores, y un 20% de las personas deportadas a esos países eran niños y niñas. Asimismo, en febrero, el secretario de Relaciones Exteriores de México anunció que su país no recibiría a personas extranjeras devueltas por Estados Unidos en virtud de la orden ejecutiva sobre control fronterizo anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 25 de enero.

Además, en agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó una encuesta que estimó que un 66.1% de las niñas y mujeres mayores de 15 años habían experimentado violencia de género por lo menos una vez en su vida, y que un 43.5% de las mujeres habían sufrido violencia de género a manos de sus parejas.

El informe de la AI calificó, por otro lado, como un adelanto la sentencia del Tribunal Constitucional de Chile, que refrendó la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, en todo el mundo sólo quedaban siete países que mantenían la prohibición total del aborto, incluso cuando peligraba la vida o la salud de la mujer o la niña embarazada. Seis de esos países están en la región de las Américas: República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

Alrededor del mundo

•    En Corea del Norte, hasta 120,000 personas siguieron recluidas arbitrariamente en campos penitenciarios para presos y presas políticos donde se las sometía a trabajos forzados, tortura y otros malos tratos

•    En Colombia, la persistencia de los abusos y violaciones de derechos humanos demostró que el conflicto interno entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las fuerzas de seguridad está lejos de haber concluido y, en algunas zonas, parece intensificarse.

•    En Perú se promulgaron nuevas leyes que debilitaron la protección de los derechos de los pueblos indígenas relativos a la tierra y el territorio, y socavaron su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

•    En Ecuador se sigue violando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, con situaciones que incluían intrusiones del Estado en los territorios indígenas para la futura extracción de petróleo.

•    En Haití, casi 38,000 personas siguen estando internamente desplazadas como consecuencia del terremoto de 2010.

•    Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 57,000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero. Muchas de ellas fueron obligadas a regresar a sus países, donde la falta de un sistema de protección eficaz las dejaba expuestas a los mismos peligros y condiciones de los que habían huido.

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