Odebrecht: Gobierno admite pagos, pero difiere en montos

Presidencia se defiende. Aseguran que en la petición de investigación los diputados del PRM han difundido falsa información y actuaron con mala intención.

Por EFE

La Presidencia de la República justificó ayer los pagos realizados a empresas del publicista Joao Santana y su esposa, condenados en Brasil por el escándalo Petrobras, y aclaró que el importe de los abonos fue de 430,5 millones de pesos (unos 8,6 millones de dólares), mil menos de lo que señaló la oposición.

La Cámara de Diputados dominicana hizo pública en su sesión de ayer una carta remitida por la Presidencia justificando los pagos realizados en el periodo 2012-2016 a las empresas Cine y Art 2013 SRL y Polis Caribe 2013, propiedad del que fuera asesor de la campaña de reelección del presidente, Danilo Medina, en 2016.

Con la misiva, firmada por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; y por el portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, la Presidencia dio respuesta a la solicitud hecha el 12 de julio por diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de realizar una investigación al respecto.

Acusación

De acuerdo con documentos presentados por los legisladores, el Gobierno de Danilo Medina pagó más de 1.400 millones de pesos (más de 28 millones de dólares) en concepto de servicios publicitarios a las empresas de Santana y su esposa, Mónica Moura, cuando ya se encontraban rindiendo cuentas ante los tribunales de su país.

“Mala intensión”

“Los diputados han difundido la falsa información de que el Gobierno pagó la suma de 1.400 millones de pesos” a estas compañías, “nada más alejado de la verdad”, señaló el texto de la Presidencia, en la que se indicó que los pagos totales que se hicieron a esas empresas son de 430,5 millones de pesos.

“Es evidente la mala intención de los diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder una copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”, inidicó la carta.

Además, se explicó en la misma que “cualquier pago que se haya realizado a favor de la empresas” de Santana y Moura “después de que empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos”.

Asimismo, resaltó que cuando se contrató a las empresas de Santana y Moura, ninguno de los dos estaba acusado ni condenado por ningún delito, y que “los procesos judiciales en su contra comenzaron después de que los contratos fueran rescindidos”.

En contra de lo expuesto por los diputados opositores, se destacó que los contratos no siguen vigentes; se rescindieron en diciembre de 2015, en el caso de Polis Caribe, y marzo de 2016 con Cine y Art, dado que no parecía “apropiado” que el Gobierno mantuviera una relación contractual con el que iba a ser asesor de campaña de Medina.

El texto reafirmó que la contratación de esas empresas se hizo con “estricto apego a las disposiciones legales” vigentes y que los pagos “se corresponden con los servicios prestados, de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo”.

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