Poder Judicial suspende directora Registros de Títulos implicada en fraude

Por EFE

El Consejo del Poder Judicial dominicano decidió hoy suspender en funciones a la directora nacional de Registros de Títulos, Rosabel Castillo, contra quien se dictó medidas de coerción el martes pasado por su presunta implicación en la venta irregular de terrenos del Estado.

A Castillo se le impuso una fianza de 500.000 pesos e impedimento de salida del país, al igual que a los también imputados Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico de la Corporación Estatal de Empresas del Estado (Corde), y a los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.

Los cuatro forman parte de un grupo de 11 personas acusadas de formar un entramado para apoderarse de terrenos del Estado ubicados en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este, donde están asentadas miles de familias desde hace decenas de años.

Concretamente, según el expediente, la empresa Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), compró tres parcelas a Corde, y luego las vendió a la firma Titulatec, que inició un proceso para cobrar los terrenos a cada una de las familias de la barriada.

Los otros siete acusados, entre los que se encuentra el exdirector general de Corde Leoncio Almánzar Objío, fueron enviados a prisión por tres meses, según dictaminó el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.

A finales de 2016 el presidente dominicano, Danilo Medina, dispuso la "suspensión inmediata" de toda operación de venta o reventa de los inmuebles ubicados en el sector de Los Tres Brazos, así como cualquier tipo de acción de desalojo contra los ocupantes del sector.

Asimismo, designó una comisión para indagar lo relativo a dicha venta, que fue "precaria e irregular", según concluyó la comisión, que encabezó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

Posteriormente, el 12 de febrero del año pasado, Medina ordenó la suspensión de las operaciones de Corde y de la Comisión de Reforma a la Empresa Privada (CREP), y dispuso la disolución de ambas entidades, al tiempo que derogó el decreto que designó a Leoncio Almánzar como director general de Corde

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