Decretan prisión preventiva para Cristina Fernández

Confirman procesamiento para la ex presidenta como presunta líder de un sistema de recaudación ilegal de dinero

Por Agencias

Un tribunal confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández, como presunta líder de un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de obras públicas.

La Cámara Federal de Buenos Aires avaló la acusación formal que dictó en septiembre el juez federal Claudio Bonadío contra Fernández como supuesta jefa de una asociación ilícita y consideró que el detenido ex ministro de Planificación, Julio de Vido, también fue organizador de ese esquema recaudador de sobornos, informó la agencia oficial de noticias Télam.

La ex mandataria también está procesada por presuntamente comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales y de ser coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).
Además de la prisión preventiva, se confirmó el embargo de 1.500 millones de pesos argentinos (más de 27.256 millones de pesos chilenos) para Cristina Fernández.

¿Qué viene ahora?

El juez Claudio Bonadio, que ahora puede proceder a pedir al Senado el desafuero de la ex presidenta, justificó el pedido de prisión preventiva en que tanto ella como sus ex funcionarios mantienen “vínculos” con “medios afines, empresarios”, además de indicar que Cristina “podría entorpecer” la investigación, recogió Clarín.

Fernández está protegida por fuero parlamentario que le otorga inmunidad de arresto y sólo perdería ese beneficio con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.

Miguel Pichetto, jefe de la bancada del Partido Justicialista (PJ), colectividad que tendría la llave para decidir el futuro de Cristina, indicó que el desafuero no corresponde si no hay “sentencia firme”, ya que “es la posición histórica que fue ratificada por la Corte Suprema en el caso del ex presidente Carlos Menem en 2017”, según Clarín,

La senadora de la oposición y ex presidenta ha negado ante la justicia ser responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas.

Acusó, además, al juez Bonadio de inventar causas en su contra y de estar manipulado por el presidente Mauricio Macri.

Bonadio encabezó otras causas que comprometen a la ex presidenta, entre ellas, una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro y otra por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994.

La defensa de Fernández  ha anunciado que su intención es apelar el procesamiento de la ex mandataria hasta llegar a la Corte Suprema de ser necesario.

Otros procesados

El tribunal confirmó además los procesamientos de casi una decena de ex funcionarios y determinó que también integraron la organización delictiva los empresarios Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Gerardo Ferreyra, del grupo Electroingeniería, y el financista Ernesto Clarens.

Por otro lado, alivió la situación procesal de varios empresarios al considerar que no integraban la organización ilícita y procesarlos sólo por sobornos. Fue el caso de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex titular de la constructora Iecsa.

En general, la Cámara avaló la actuación de Bonadio, para quien durante los gobiernos de Fernández y de su antecesor y marido, Néstor Kirchner (2003-2007), funcionó en Argentina una asociación ilegal mediante la cual los empresarios que pretendían ganar una obra pública entregaban un porcentaje a los funcionarios que los entonces presidentes designaban para recibir esos sobornos. Kirchner falleció en 2010.

La investigación se inició luego de que la justicia accedió a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal, quien aparentemente fue testigo de la recolección del dinero ilegal.

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