Caso de drogas dejaría al decubierto “modus operandis” de la DNCD

Por EFE

La supuesta colocación de marihuana por parte de policías en un operativo antidrogas en una peluquería de Montecristi, en el noroeste de la República Dominicana, volvió a poner en punto de mira a la Policía Nacional, una de las instituciones más cuestionada del país.

El caso quedó registrado en un video de seguridad de la peluquería, difundido ampliamente en las redes sociales este fin de semana, y en el mismo se observa a un agente lanzando una pequeña caja, que supuestamente contenía marihuana, con la presunta intención de incriminar a alguien en el establecimiento.

Tras la publicación del video, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público suspendieron el sábado la dotación de Policía que actuó en el operativo, en la localidad de Villa Vázquez, en Montecristi, por sospechas de que unos agentes colocaron droga en el establecimiento.

Mientras que el Consejo Superior del Ministerio Público suspendió este domingo, de manera temporal, a la fiscal Carmen Lisset Núñez, que supervisaba a los policías, y abrió una investigación sobre lo ocurrido.

Diversos sectores han deplorado la actuación de los organismos actuantes en este caso y piden una investigación independiente, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que la misma constituye “una vergüenza nacional”.

“Este video deja mucho que desear de las autoridades, dígase la Policía Nacional, el Ministerio Público y la DNCD, en su supuesta lucha antidrogas”, dijo a Efe el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes.

Sin embargo, señaló, “esto no es nuevo, es reiterativo”, y aseguró que “más de mil jóvenes” guardan prisión en el país por “casos similares. Porque las autoridades han puesto droga”.

Mercedes propuso que este caso sea investigado por una comisión “especial” integrada por representantes de las iglesias, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y de la sociedad civil tras considerar que el Ministerio Público y la Policía “están desacreditados” y, además, “no pueden autoinvestigarse”.

A la vez, recordó el caso del activista social Juan Comprés, quien en 2017 fue detenido por la Policía por presunta posesión de droga y posteriormente dejado en libertad por un tribunal que concluyó que se vulneraron todos sus derechos.

Sobre este particular se pronunció Carlos Pimentel, director ejecutivo Participación Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, quien afirmó en Twitter: “todo el mundo sabe que aquí le ponen droga para apresar inocentes, extorsionar, cobrar peaje. Pienso en la cantidad de jóvenes inocentes que pueden estar privados de su libertad y delincuentes conocidos libres”.

“Es un abuso, una vergüenza, nuestros jóvenes no merecen eso. Sabrá Dios la vida de cuantos jóvenes han sido afectadas por malas prácticas de esta institución”, apuntó, por su lado, el diputado Jean Luis Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal de la oposición.

A través de un comunicado, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, señaló ayer que el Ministerio Público “está en estos momentos analizando todas las evidencias recolectadas en el lugar e interrogando las personas necesarias y de determinarse que los oficiales actuantes, tanto de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como del Ministerio Público tuvieran comprometida su responsabilidad penal, se actuará sin contemplación”.

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