Chile está en una encrucijada

Tras un fin de semana de protestas sociales por la desigualdad en el país, el gobierno busca diálogo y el regreso de la paz.

Por Pablo Cavada MetroWorld News

La semana pasada la capital de Chile vivió manifestaciones espontáneas luego del anuncio de una nueva alza en el precio del pasaje del metro, el medio de transporte que moviliza 2,6 millones de pasajeros diarios en Santiago y que se vio invadido por crecientes turbas al llamado en redes sociales de evadir el pago, provocando el estallido de las mayores protestas sociales del último tiempo en el país.

Crecientes desigualdades

En Chile desde marzo de este año el sueldo mínimo es de 301 mil pesos (El dólar está a un cambio de 710 pesos), mientras el pasaje del metro llega a 830 pesos en hora punta (horario en que la mayoría de la ciudadanía se dirige desde y hacia sus actividades diarias). Pero el precio del pasaje –casi la mitad del cual ya es subsidiado– en relación a los bajos ingresos, fue solo el detonante de un descontento de la población por alzas en electricidad, agua, altos costo de vivienda, salud, educación y bajas pensiones, entre otros factores.

El viernes el movimiento se hizo incontrolable, provocando el cierre del Metro durante la tarde y la declaración del presidente Sebastián Piñera de Estado de emergencia, desplegando a más de 7 mil militares en Santiago. Lejos de tranquilizarse, la situación empeoró por la noche y durante el sábado con vandalismo y destrucción que afectó a 77 estaciones del Metro además de saqueos al comercio y “cacerolazos” en las principales calles de la capital, por lo que se suspendió también el servicio de transporte de buses y se decretó toque de queda por primera vez en la capital desde 1987, cuando Chile estaba en dictadura.

El anuncio del Presidente de congelar el alza del Metro y llamar a un diálogo nacional (Ayer se reunía en primera instancia con los presidentes del Senado, Corte Suprema y la Cámara de Diputados, los otros poderes del Estado) tampoco sirvió y el estado de excepción constitucional se amplió a Valparaíso, Concepción, Rancagua y Coquimbo, otras principales ciudades del país donde la ciudadanía también se volcó a las calles.

Chile

“Los datos objetivos están a la vista, tenemos 716 personas detenidas (hasta el mediodía del domingo), esperábamos  que hubiese un aumento muy fuerte. A raíz del toque de queda eso no se dio y al momento de evaluar eso es muy decidor. Y por mucho que haya un estado de excepción constitucional los derechos humanos no se derogan y se trata solamente del derecho de reunión y circulación. Por otra parte los estándares internacionales dicen que en estas materias sean por el menor tiempo posible. Nos preocupa también, y quiero ser muy claro en eso, que el derecho a manifestación de debe ejercer de manera pacífica” dijo a Metro Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sobre las acciones del gobierno y los manifestantes.

Para este lunes las autoridades reforzarán el sistema de transporte público terrestre mientras trabajan para poder reabrir la línea 1 del Metro, que transporta al 40% de los usuarios, aunque hay estaciones y otras líneas que estarán cerradas por meses debido a la destrucción en las protestas. Pero muchas de las actividades normales en colegios y otras instituciones ya se han suspendido en la capital debido a la falta de transporte público –ya el fin de semana muchos trabajadores caminaron horas por las calles para llegar a sus actividades–. Así, la normalidad en Santiago está lejos de regresar.


Mas datos

•    Apps sin empatía. En las redes sociales la gente criticó duramente a las aplicaciones de transporte ante la excesiva alza en los cobros en medio de la emergencia de transporte público en Chile. Aunque los que más “sufrieron” las protestas en las calles fueron las bicicletas y scooters eléctricos, otros transportes alternativos, pero que en su mayoría fueron usados como proyectiles y para encender las barrricadas de los manifestantes.

• Caos en el Aeropuerto. En el Aeropuerto de Santiago también se sufrió las consecuencias de las manifestaciones, ya que durante el sábado miles de personas quedaron varadas por la falta de transporte, mientras que ayer se suspendieron y aplazaron decenas de vuelos nacionales e internacionales por la falta de personal.


4 preguntas a…

Sergio Micco, Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile.

¿Cuál es su visión de lo que ha pasado el fin de semana?

–Esto no puede seguir ocurriendo. Tenemos una situación de Estado de Excepción Constitucional. Hemos observado ya directamente 212 detenidos, 44 personas heridas y por lo menos 8 de ellas graves (hasta mediodía del domingo). Por otra parte hemos sabido por información del gobierno de 62 Carabineros heridos en actos de gran violencia en Santiago y el resto del país. Entonces, el llamado es al diálogo, la predisposición a dialogar por parte de la oposición y los movimientos sociales es clave.

¿El Estado de Excepción fue una buena medida?

–Nosotros no podemos hacer evaluaciones políticas. Ahora, si tú me dices que hubo un grave trastorno del orden público como dice la constitución, eso es evidente. Pero, yo te diría que, por lo que uno está observando, el efecto disuasivo de un estado de excepción constitucional no se ha logrado sino muy parcialmente. Y, te insisto, es evidente que es un momento de una salida política.

¿Qué opina de lo que se dice en redes sociales, que Chile ha retrocedido 40 años?
–Eso no es así, una cosa es la dictadura y otra cosa es la democracia. Acá estamos en un estado de derecho en que el Ejecutivo es fiscalizado por instituciones como el INDH. Hoy día tenemos una Contraloría General, tribunales de justicia, ministerio público; es decir, no hay un autocracia donde el poder se concentre en una persona y con leyes e instituciones orientadas a la represión política. Así que me parece completamente exagerado.

¿Participarán del llamado al diálogo?

–No, porque no nos corresponde. Eso sí, tenemos un rol de fiscalización y de supervigilancia del cumplimiento de todos los compromisos en materia de Derechos Humanos. En estos momentos tenemos un centenar de personas en el país supervisando.


 

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