#LaVerdadVerdad: Sobre el acuerdo homologado

La aprobación de la homologación del acuerdo entre la constructora Odebrecht y el Ministerio Público dictada por el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo, como toda decisión controversial, produjo reacciones mixtas.

Los que se identifican con los argumentos del oficialismo consideran que el acuerdo facilita la persecución penal en contra de los que aceptaron sobornos para favorecer mediante contratos de obras a la constructora brasileña.

Los que no se identifican con los argumentos oficiales entienden que el acuerdo facilita únicamente el mantenimiento de la impunidad para los implicados a cambio de mantener habilitada en el país la operatividad de la empresa constructora.

La lectura positiva o negativa dependerá, como en la mayoría de los sucesos opinables, de la particular perspectiva de convicciones o intereses del opinante; pero más allá del me gusta o no me gusta, reside una importante dimensión objetiva que conviene considerar: la concordancia con la normativa jurídica.

Los especialistas en la materia están divididos a este respecto entre los que consideran que este caso se ajusta adecuadamente a los criterios exigidos en nuestros Código Procesal Penal para autorizar al Ministerio Público a recurrir al criterio de oportunidad y aquellos que piensan que no se ajusta.

El argumento de aquellos juristas que coinciden con el Ministerio Público en la pertinencia del uso del criterio de oportunidad sostiene que los hechos sobre los que se prescindirá de una persecución penal son de menor gravedad que aquellos hechos que sí se perseguirán. Lo que significa, en términos llanos, que el acto de sobornar y el de aceptar el soborno no son dos hechos punibles de la misma categoría.

La sutileza argumentativa y la sofisticada cultura jurídica exhibida en la instancia depositada convencieron al juez apoderado del caso de juzgar como verdadero la valoración diferenciada que la Ley 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión no reconoce.

En todo hecho de soborno existe un sobornado y un sobornador. La ley los considera a ambos reos de soborno. Así que en la mejor lógica jurídica debe el Ministerio Público mostrar el mismo celo persecutorio para uno tanto como para el otro. El acuerdo homologado no permitirá que un principio fundamental de la justicia se cumpla: a igual crimen, igual pena.