#LaVeradVerdad: Dejar sin efecto la medida

La Dirección General de Aduanas, a través de un comunicado, hizo de público conocimiento la disposición normativa que pretende limitar las compras por internet a veinte envíos no mayores de dos mil dólares por persona.

La medida, que cuenta con el apoyo del sector industrial y comercial local, tiene una clara intención proteccionista y un indudable objetivo recaudatorio. La recepción de los consumidores y de las empresas de Courier no ha sido tan entusiasta.

El consumidor dominicano cuenta con pocos mecanismos de defensa de su capacidad de compra. El desarrollo de la tecnología de la información aplicada a las transacciones comerciales de bienes abrió la posibilidad del acceso a los mercados del mundo. El consumidor, ahora, puede comprar cuándo y dónde le convenga.

Esta dinámica de comercio es natural en un mundo globalizado por la expansión del capitalismo y la tecnología de la información. La práctica fue institucionalizada en nuestro país a través de un decreto que respondía a los acuerdos internacionales relativos al comercio de los cuales somos signatarios.

La decisión tomada por la Dirección General de Aduanas está justificada en la alegada práctica de uso abusivo de la facilidad impositiva por parte de ciudadanos que compran a través de internet con fines comerciales.

Los industriales y comerciantes criollos alegan competencia desleal. Estos argumentos no están corroborados por ninguna investigación imparcial que pueda establecer de manera incontrovertible el alcance de los daños a los actores productivos locales.

La reacción de los empresarios obedece más a la cultura de baja competencia con la que funciona el mercado dominicano. La apertura comercial desde el punto de vista del consumidor no ha sido nunca bien recibida. La aspiración de todos es cerrar para las masas, que no puede viajar de compras al exterior, la posibilidad de acceso a mercados foráneos.

Los intentos por lograrlo a través de las diferentes reformas fiscales chocaron con la oposición de la ciudadanía y también con las contradicciones con acuerdos de comercio que poseen rango constitucional.

Este último intento, que se realiza por la vía administrativa, de manera clara choca con el principio de jerarquía de las normas y la especificidad funcional de las instituciones del Estado.

Los funcionarios de la Dirección General de Aduanas saben que una norma no puede cambiar lo decidido por un decreto y también que el ámbito institucional donde se deciden los nuevos impuestos es el Congreso de la República.

El destino de la medida debe ser igual a los intentos anteriores: dejar sin efecto la medida.