#LaVerdadVerdad: Cumplirlas o cambiarlas

El hecho de tener leyes y que se incumplan es el verdadero problema de nuestro país. Las leyes debieran ser muros infranqueables para el comportamiento, pero lamentablemente son como espectros. Los gobernados, y peor aún, los gobernantes pasan a través de ellas como si fueran realidades incorpóreas de otro mundo.

La discusión sobre las dificultades para la asignación presupuestaria justa para cada una de las instituciones públicas se repite cada año. La voz cantante de las quejas la llevan precisamente instituciones que tienen asegurada su partida presupuestaria a través de leyes especiales.

El Poder Ejecutivo, con la colaboración activa del Poder Legislativo, desconoce una y otra vez el mandato de esas normas. La justificación para hacer es económica  y jurídica. La justificación económica es la falta de fondos. La justificación jurídica es que lo que manda una ley puede ser cambiado por otra ley.

Los dos argumentos se responden con la misma respuesta: cambiar las leyes. La rigidez presupuestaria que implica la existencia de normas que comprometen en un porcentaje imposible de cumplir el presupuesto del país tiene su solución en la eliminación o adecuación de dichas leyes. ¿Por qué no se hace? Nadie quiere asumir el costo político que implica. Esa es la razón de que se prefiera recurrir a la solución utilizada desde nuestro remoto pasado colonial: la ley se acta, pero no se cumple.

La retórica política reconoce la importancia de garantizar autonomía presupuestaria al Poder Judicial, por ejemplo, pero en la práctica se saltan la obligación. La judicatura sigue siendo la hermana pobre de nuestra estructura estatal. Lo increíble es que siendo esta la instancia institucional que administra el buen cumplimiento de la ley no pueda conseguir que se haga en su provecho. El llanto y el crujir de dientes dejan paso siempre a la resignación.

En esta ocasión, creemos que por primera vez, un alcalde dice que podría exigir en justicia lo que por derecho le pertenece. El alcalde Abel Martínez, de Santiago, podría recurrir al Tribunal Constitucional para obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con la norma que obliga a destinar a los diferentes ayuntamientos un diez por ciento del presupuesto. La acción sería un gran servicio a la institucionalidad del país, porque conseguiría que se cumplan o que se cambien las leyes imposibles de cumplir. Esa debe ser la consigna: cumplirlas o cambiarlas.