#LaVerdadVerdad: La letra y el sentido constitucional

Lo inútil lo aprobamos sin discusión. Lo imprescindible lo discutimos eternamente. La ley de partidos políticos lleva más tres lustros enredada en las raíces del debate sin fin.

El debate se ha convertido en disputa intelectual irreconciliable. Las partes llegaron al punto de arrojarse argumentos en pro y en contra sin buscar una solución de compromiso.

La discusión, como se sabe, es política; y la política en estas tierras caribeñas es la búsqueda de la supremacía de un grupo sobre otro. El país se encuentra dividido entre los que empujan primarias abiertas y los que pujan por cerradas.

La búsqueda del perfeccionamiento democrático es el objetivo aparente de ambas. El desacuerdo viene dado por el cómo y no por el qué. Las primarias con la participación de la universalidad de los votantes garantizan una selección más democrática, para unos; ese tipo de primarias, para otros, quita la facultad de selección a la militancia para otorgarla a extraños.

El crecido río de la contradicción se quiere vadear con argumentos jurídicos. Las primarias abiertas son constitucionales afirman los que empujan, mientras que los que pujan insisten en su inconstitucionalidad. Los programas de entrevistas o los seminarios multiplican los argumentos de uno y otro bando, pero no logran conducir a una clara conclusión.

El ataque y la defensa de ambas posiciones están centradas en la interpretación del artículo 277 de la Constitución. Los abogados que defienden las primarias cerradas indican que la decisión sobre el tema tomada por la Suprema Corte de Justicia es irrevocable en virtud de este artículo, mientras que los abogados que defienden la constitucionalidad de las primarias abiertas señalan que este artículo no limita la posibilidad de un nuevo examen al tema.

La existencia de buenos argumentos jurídicos de ambas partes dificulta al observador no especializado tomar una posición firme sobre el tema. La solución, tal vez, sea recurrir al sentido común. Nos ayudará mucho atenernos a la naturaleza de las cosas y no permitir que los prejuicios nublen el juicio.

Las leyes tienen una materialidad y un espíritu. La materialidad es la letra. El espíritu es el sentido.

La letra dice: “Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia”.

El espíritu indica que el legislador quería evitar la avalancha de revisiones que recaería sobre los tribunales del país en virtud de la mudanza normativa sustantiva y la adjetiva  que de la primera se desprende. La seguridad jurídica mandaba ese borrón y cuenta nueva jurídica.

Así que puede argumentarse lo que se quiera, pero la realidad es que la lectura de buena fe de esta disposición constitucional debería bastar para cerrar un debate que no conducirá a ninguna parte.